Por Alejandra López Martínez
Los millennials crecimos con dos grandes promesas. La primera: que el mundo se acabaría. Primero con la falla del milenio en el año 2000, luego con las profecías mayas en 2012, y más recientemente con la amenaza de no cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
La segunda, que si estudiábamos y sacábamos buenas calificaciones, conseguiríamos un empleo estable que nos permitiría realizarnos profesionalmente, comprar una casa y formar una familia. Esa tampoco se ha cumplido.
Hoy, los jóvenes adultos en México son el grupo que más años ha estudiado y que más horas trabaja. Sin embargo, el ingreso promedio de una persona con estudios universitarios en ciencias sociales es menor a 20 mil pesos mensuales, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la STPS. Mientras tanto, la renta promedio en la Ciudad de México supera los 16 mil pesos. Comprar una vivienda implica un desembolso de más de tres millones de pesos, y acceder a un crédito hipotecario es cada vez más difícil. Todo esto mientras se trabaja más de 40 horas semanales, muchas veces en condiciones precarias, sin seguridad social ni posibilidad real de jubilación.
Nos dijeron que podríamos alcanzar nuestros sueños si renunciábamos a pequeños placeres: el café diario, la ropa importada de China, los hijos “porque son caros”, o si compartíamos vivienda con una pareja —aunque no hubiera mucho amor— solo para dividir los gastos. La realidad es otra. El panorama para los adultos jóvenes es desalentador.
Recientemente, hemos visto protestas contra la gentrificación, al tiempo que se viraliza el video de una extranjera insultando a un policía capitalino. Por un lado, hay expresiones xenófobas motivadas por el resentimiento hacia el desplazamiento de comunidades locales por nómadas digitales. Muchas viviendas dejaron de ser hogares para convertirse en alojamientos vacacionales, todo para generar mayores ingresos a sus dueños. Durante la pandemia, lejos de regular esta práctica, el gobierno de la Ciudad de México la incentivó. Hoy, las consecuencias son desastrosas: más personas tienen que mudarse a zonas lejanas, con largos trayectos al trabajo, la escuela o centros recreativos, mayores gastos en transporte y peor calidad de vida.
La gentrificación no es exclusiva de México. En 2024, España vivió protestas por el alza en los precios de la vivienda, especialmente en Madrid y Barcelona. En Nueva York, barrios como el East Village han intentado preservar sus comunidades latinas ante la presión inmobiliaria. El barrio que antes era estigmatizado como “peligroso” por tener población puertorriqueña y dominicana, hoy es considerado “aesthetic” y deseable, aunque los abuelos sigan jugando dominó en las banquetas, todo el día, cada verano.
En México, ya no es solo la Condesa o la Roma. El fenómeno ha alcanzado zonas como el Centro Histórico o Santa María la Ribera. Esta es una falla estructural. No se protege el derecho a la vivienda, ni a la comunidad, ni al barrio. La burbuja inmobiliaria no se ha reventado.
La violencia no resolverá el problema. Destruir espacios públicos o confrontar a personas extranjeras no cambiará nada. Los nómadas digitales no se irán por eso. Lo que sí podemos hacer es exigir a las autoridades medidas claras: cobrar impuestos a quienes trabajan en el país de forma remota, regular plataformas como Airbnb —como ya lo hizo Nueva York—, y frenar la especulación inmobiliaria que permite aumentos desmedidos en las rentas, muchas veces sin mejoras reales en los inmuebles.
Pero, sobre todo, es urgente fomentar empleos dignos con salarios suficientes para que quien trabaja pueda ejercer su derecho a una vivienda digna. Hoy es la Condesa y la Roma, pero mañana podría ser toda la ciudad.
