Alejandra López Martínez
El 15 de noviembre de 2025 se realizó la marcha convocada por la autodenominada Generación Z en la Ciudad de México y varias ciudades del país. Las marchas y protestas políticas en nuestro país no son algo nuevo: son un ejercicio constante del derecho de la ciudadanía a disentir. Las hizo la izquierda cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba el PRD y con Morena; surgieron movimientos como “No + sangre” contra la estrategia de Felipe Calderón en 2006, y más recientemente la oposición con las protestas de la Marea Rosa o en rechazo a la reforma al Poder Judicial. El gobierno de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum minimizaron estas últimas por su poca afluencia. Sin embargo, la relevancia no está en si acudieron 10 mil, 30 mil o 100 mil personas, sino que las personas ejercieron su derecho a manifestarse. Aunque algunos partidos las han usado para mostrar músculo, estas movilizaciones suelen partir de demandas ciudadanas reales.
En la marcha del 15 de noviembre, según cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México, participaron alrededor de 17 mil personas, mayores de 30 años, aunque con presencia de jóvenes y familias completas. Aunque partidos de oposición y figuras públicas amplificaron la convocatoria, el contingente incluyó a personas de distintos perfiles unidas, en su mayoría, por el reclamo contra la inseguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó varios días a cuestionar un supuesto financiamiento extranjero de la “derecha internacional”, los motivos de figuras como Ricardo Salinas Pliego para impulsarla y el hecho de que asistieran personas de todas las edades, no solo jóvenes. Lo que pasa por alto es que las razones del enojo ciudadano son válidas. En lo que va del sexenio se han asesinado al menos 10 presidentes y presidentas municipales, entre ellos Alejandro Arcos en Chilpancingo y Carlos Manzo en Uruapan. También han muerto regidoras, regidores y personas trabajadoras de los municipios. El elefante en la habitación es el temor por ocupar la primera línea de gobierno, los municipios, en un país donde el crimen organizado lleva dos décadas desafiando al Estado, sin importar el partido en el poder. Negar esta realidad es hacer gaslighting.
Independientemente de quién haya organizado esta marcha, las anteriores o las que vengan, es necesario reconocer que la violencia política es un problema grave que afecta la gobernabilidad en todos los niveles. Minimizarlo o desviar la atención no resuelve nada, como tampoco ayuda tomarlo como afrenta personal.
A esto se suma la percepción de represión durante la protesta. Aunque posiblemente sí hayan circulado imágenes generadas con inteligencia artificial que exageraban escenarios de caos, hubo enfrentamientos reales al final de la marcha en el Zócalo: derribaron las vallas de Palacio Nacional, lanzaron petardos y objetos, y la policía respondió con gases, extintores y cargas, dejando alrededor de 120 personas lesionadas (100 policías y 20 civiles) y al menos 20 detenidos. Estos disturbios fueron focalizados, pero las imágenes y videos de la respuesta policial se replicaron masivamente en redes sociales, multiplicando su impacto y generando una percepción negativa de represión por parte del gobierno de Sheinbaum.
En comunicación política, la percepción pesa tanto o más que la realidad oficial y este hecho podría erosionar la popularidad presidencial. Habrá que esperar las encuestas para medir el daño exacto, pero no se deben ignorar que los problemas por los que se marchó —inseguridad, impunidad, violencia política— pues existen, duelen y afectan a una parte de la población que merece ser atendida, sin importar quién esté en el poder.
