Alejandra López Martínez
A seis meses de haber iniciado su gobierno, Donald Trump se ha dedicado a amenazar con imponer aranceles a todo el mundo. Al principio, los mercados reaccionaron con fuerza, pero hoy esas amenazas han perdido efecto. Ya sabemos que muchas veces no se concretan y responden más a una estrategia de presión. La Unión Europea y Canadá respondieron con medidas recíprocas. México, sin embargo, sigue siendo blanco de presiones más complejas: su nexo con el crimen organizado.
El pasado 12 de junio, Trump envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiendo que impondría un arancel del 30% si México no reforzaba su lucha contra el narcotráfico. Aunque probablemente no cumpla la amenaza, sí deja clara una preocupación: los indicadores de seguridad y cooperación no convencen al gobierno estadounidense.
A nueve meses del inicio del sexenio de Sheinbaum, se han registrado más decomisos de droga y huachicol, así como detenciones de alto perfil que durante el sexenio anterior. El 25 de mayo fue detenido Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. También fueron capturados los hijos de Joaquín Guzmán Loera y Ovidio Guzmán, extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable y colabora con las autoridades. Aun así, la percepción es que no alcanza.
A principios del año, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, arrancó con fuerza con el “Operativo Enjambre”, deteniendo a autoridades municipales ligadas al crimen organizado. Pero, desde entonces, no hemos sabido más. Continúan asesinatos mensuales de las presidencias municipales, regidurías y funcionariado local. Sin embargo, García Harfuch ha dado más atención a su pleito en X con el presidente salvadoreño Nayib Bukele que en lo operativo.
Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha mejorado sus sistemas de inteligencia, el rezago acumulado durante el sexenio anterior es profundo. A esto se suma la militarización de la seguridad con la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que nadie quería y que ahora es difícil revertir.
Mientras se producen golpes de efecto para mostrar resultados ante la opinión pública internacional, la violencia sigue activa en Sinaloa y otras regiones. El caso de Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos revocó la visa, muestra que la presión no es solo federal: varios gobiernos estatales enfrentan investigaciones por corrupción y nexos ilícitos.
México intenta proyectar estabilidad, pero el riesgo de inacción es real. La amenaza de convertirse en un estado fallido sigue latente. En este contexto, las amenazas arancelarias de Trump, aunque cada vez son menos creíbles, se convierten en herramientas de presión unilateral. Una relación de “palos y zanahorias” en la que, por ahora, no hay zanahorias.
