Alejandra López Martínez
La presidenta está cocinando una reforma electoral para el próximo periodo ordinario de sesiones. Como parte de esta estrategia, nombró a Pablo Gómez al frente del diseño y articulación de dicha reforma, tras su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es casualidad, pues posiblemente Gómez es, además el líder de la “izquierda histórica”, la persona con mayor acceso a información sensible sobre actores políticos en México.
El momento es clave. MORENA enfrenta tensiones internas cada vez más visibles. Los lujos de personajes como Andrés López Beltrán o Ricardo Monreal, los presuntos vínculos de colaboradores de Adán Augusto López con el crimen organizado, y el distanciamiento de algunos liderazgos respecto a la presidenta Sheinbaum evidencian un desgaste. Varios actores del partido han optado por desoír indicaciones de Claudia Sheinbaum y de Luisa María Alcalde, confiando excesivamente en su propio capital político.
En este contexto, la reforma electoral no solo responde a una deuda heredada de la llamada Cuarta Transformación; también se perfila como un mensaje de fuerza interna. Un “manotazo en la mesa” que busca reorganizar al partido en el poder y redefinir los márgenes del juego político.
Hasta el momento, no se ha hecho público el paquete de iniciativas que integrarán la reforma. Sin embargo, se anticipa una dinámica ya conocida: foros de consulta donde las voces disidentes serán escuchadas, pero no necesariamente tomadas en cuenta. MORENA ha demostrado tener la fuerza legislativa suficiente para aprobar iniciativas sin necesidad de consensos amplios, aunque sí deberá construir un acuerdo interno previo para evitar fracturas mayores.
Lo paradójico es que, mientras se impulsa esta reforma de alto perfil, otras reformas urgentes que podrían pasar sin mayor resistencia (como la creación de un sistema nacional de cuidados, la jornada laboral de 40 horas o una reforma fiscal progresiva) permanecen congeladas o ni siquiera se discuten.
Una de las propuestas más controversiales en discusión es la eliminación del sistema mixto en el Congreso, es decir, de las diputaciones y senadurías plurinominales. Se argumenta que esta medida busca reducir gastos y aumentar la eficiencia legislativa, pero en la práctica puede reducir significativamente la representatividad del Congreso.
Históricamente, los escaños plurinominales se crearon para garantizar presencia parlamentaria a partidos minoritarios y a sectores históricamente excluidos. Suprimirlos implicaría debilitar la pluralidad en el Poder Legislativo. Un Congreso más pequeño y sin representación proporcional podría facilitar el control absoluto de un solo partido, silenciando la disidencia y eliminando cualquier contrapeso, aunque hoy ya se ejerza ese control de facto.
Es cierto que las listas plurinominales también han sido aprovechadas por élites políticas para perpetuar su poder sin someterse al voto directo. Pero eliminar este mecanismo sin antes reformarlo o democratizarlo podría cerrar las pocas puertas que quedan abiertas a liderazgos diversos, especialmente de mujeres, pueblos originarios, juventudes y movimientos sociales que no son los de MORENA.
Una reforma electoral de esta magnitud debe diseñarse e implementarse para tener una democracia más plural y participativa. La diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza, y si aspiramos a que nuestras instituciones nos representen realmente, debemos impulsarla.
