19 de Noviembre 2025 en el horizonte político mexicano se alza un reclamo profundo: desde distintos estados del país, miles de jóvenes se movilizan bajo la bandera de la llamada Generación Z para exigir justicia y seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
La protesta, que ha tomado fuerza en ciudades como Monterrey, Puebla y Chihuahua, critica la “impunidad, la violencia y el poder del crimen organizado” y va más allá de una simple demanda de paz: también hay quienes piden la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una reforma profunda al sistema político y judicial.
Sin embargo, la movilización no está exenta de acusaciones cruzadas. El Frente Cívico Nacional ha denunciado represión en la marcha celebrada el 15 de noviembre, señalando uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Además, algunos críticos señalan que el movimiento ha sido infiltrado por figuras políticas y opositoras que aprovechan la causa para sus propios fines.
A su vez, la abuela de Carlos Manzo, presente en la marcha, acusó a Morena y a un diputado local de estar implicados en la muerte de su nieto, lo que añade una dimensión familiar y política cargada de dolor y desconfianza.
En palabras de Xóchitl Gálvez, figura importante de la oposición, este movimiento representa un despertar generacional: “Se cansaron de la violencia y de un Estado que no protege a sus jóvenes”, dijo al mostrar su apoyo a las protestas.
Por su parte, el gobierno enfrenta el desafío de responder a múltiples frentes: mientras pide calma y diálogo, también debe atender la percepción de abandono, impunidad y desigualdad que sienten muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes.
Este momento político podría marcar un punto de inflexión: la Generación Z, en su carácter digital, crítico y movilizado, parece reclamar no solo justicia para Manzo, sino una transformación más profunda del sistema.
