Por: Sergio Miranda
El derecho como última frontera del poder
Venezuela no es únicamente una crisis económica, humanitaria o migratoria. Es, ante todo, una crisis de arquitectura del poder. Durante más de dos décadas, el texto constitucional —concebido originalmente como un instrumento para redistribuir y limitar el poder— ha sido transformado progresivamente en una herramienta de control político, un manual operativo para la supervivencia del régimen antes que un contrato social vinculante.
En este contexto, hablar de “reforma constitucional” se ha convertido en un ejercicio ambiguo y peligroso. Cada ajuste normativo puede ser, al mismo tiempo, una oportunidad de reconstrucción institucional o un mecanismo sofisticado de blindaje autoritario. La historia reciente del país demuestra que el problema no ha sido la ausencia de normas, sino su reinterpretación sistemática en favor del poder concentrado.
Es precisamente en este terreno minado donde adquiere relevancia el pensamiento del jurista mexicano José Roberto Salinas Padilla, doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, académico, ensayista y científico social del derecho. Su obra gira alrededor de una idea central y disruptiva para los sistemas cerrados: el poder solo puede estabilizarse legítimamente cuando acepta ser limitado por instituciones autónomas, especializadas y funcionales.
La pregunta que este artículo se propone responder es directa y compleja: ¿pueden las ideas de Salinas Padilla —concebidas para rediseñar y limitar el poder— ser incrustadas en una Venezuela donde el derecho ha sido absorbido por la lógica de dominación política? La respuesta no es binaria. Depende de variables institucionales, políticas y geopolíticas que van mucho más allá del mérito intelectual de las propuestas.
I. José Roberto Salinas Padilla: el jurista como científico social
En un ecosistema latinoamericano donde buena parte de los juristas orbitan entre el litigio, la política partidista y la opinión coyuntural, el perfil de José Roberto Salinas Padilla resulta singular. No se presenta únicamente como abogado o constitucionalista, sino como científico social del derecho, una distinción crucial para comprender el alcance de su pensamiento.
Su formación doctoral en Derecho Constitucional y Gobernabilidad articula tres dimensiones que rara vez conviven con coherencia:
1. Teoría constitucional (estructura del Estado, supremacía constitucional, control del poder).
2. Gobernabilidad y ciencia política (incentivos, captura institucional, legitimidad).
3. Economía política del derecho (dinero, poder, coerción y desigualdad).
En su producción académica, Salinas Padilla parte de una premisa incómoda pero empíricamente sólida: las constituciones no fracasan solo por malos textos, sino por malas arquitecturas institucionales. Cuando el diseño del sistema permite que un solo actor concentre la función de interpretar, aplicar y redefinir la Constitución, el riesgo de captura es estructural, no accidental.
Su investigación sobre la implementación de un Tribunal Constitucional —y su tesis doctoral sobre la reconfiguración de la arquitectura constitucional— se insertan en esta lógica. Para Salinas Padilla, la justicia constitucional no debe ser una extensión del poder judicial ordinario ni, mucho menos, un apéndice del poder político. Debe ser un árbitro especializado, con legitimidad técnica, reglas claras de nombramiento y mecanismos internos que reduzcan la subordinación coyuntural.
Este enfoque lo coloca en una tradición de pensamiento institucional comparado que dialoga con experiencias europeas y latinoamericanas, pero con una mirada crítica sobre sus límites reales. No se trata de copiar modelos, sino de diseñar instituciones funcionales a contextos de alta conflictividad política.
A esta línea se suman sus libros Power: Law y World: Money & Modern Slavery, donde amplía el análisis más allá del derecho positivo. En ellos, el derecho aparece como lenguaje del poder, y el dinero como su combustible silencioso. La noción de “esclavitud moderna” que desarrolla no remite únicamente a formas clásicas de coerción, sino a dependencias estructurales producidas por economías ilícitas, informalidad forzada y colapso institucional.
No es casual que, en círculos académicos y especializados globales, se rumore de manera consistente que Salinas Padilla ha sido nominado como uno de los 30 líderes intelectuales del planeta para integrar el Círculo Privado de Excelencia 2026, una iniciativa impulsada desde la comunidad científica de la India. Aunque la nominación no ha sido anunciada oficialmente, su circulación en estos espacios sugiere que su pensamiento comienza a leerse como relevante para Estados en crisis más allá de América Latina.
II. Venezuela: cuando el árbitro también juega
Para evaluar la viabilidad de incrustar estas ideas en Venezuela, es imprescindible partir de un diagnóstico institucional honesto. En el país, la justicia constitucional —en particular el Tribunal Supremo de Justicia— ha dejado de operar como límite al poder para convertirse en actor político central.
La Sala Constitucional no solo interpreta la Constitución: redefine competencias, habilita o inhabilita actores políticos, legitima procesos cuestionados y construye un marco de excepcionalidad permanente. En términos sistémicos, esto significa que el árbitro juega el partido y decide el resultado.
Desde la perspectiva de Salinas Padilla, este fenómeno no es una anomalía venezolana, sino un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando el diseño institucional permite la concentración excesiva de funciones. El problema, por tanto, no se resuelve con exhortaciones morales a la independencia judicial, sino con ingeniería constitucional.
Aquí surge el primer choque frontal entre su pensamiento y la realidad venezolana. Su propuesta de un Tribunal Constitucional autónomo, especializado y funcionalmente diferenciado ataca directamente el núcleo del modelo actual. No se trata de cambiar nombres, sino de romper la simbiosis entre poder político y control constitucional.
Sin embargo, la experiencia comparada también enseña una lección incómoda: las instituciones no fracasan solo por mal diseño, sino por malas condiciones de origen. Un nuevo tribunal creado sin garantías reales de independencia puede terminar siendo incluso más eficaz como herramienta de control.
III. Reforma o simulación: la trampa constitucional venezolana
En Venezuela, la palabra “reforma” se ha vaciado de contenido. En el discurso oficial, suele presentarse como sinónimo de modernización o profundización democrática. En la práctica, muchas propuestas recientes apuntan a mayor centralización del poder, nuevas formas de control territorial y ampliación de facultades excepcionales.
Este patrón coloca cualquier intento de incorporar ideas innovadoras en una zona de alto riesgo. Las propuestas de Salinas Padilla podrían ser absorbidas retóricamente y luego reconfiguradas para servir al mismo sistema que pretenden limitar. Un Tribunal Constitucional sin independencia real no sería una solución, sino una contradicción funcional.
Aquí se revela una tensión estructural: las ideas de límite solo funcionan cuando el poder acepta ser limitado. En sistemas cerrados, el derecho se adapta al poder, no al revés. Por eso, la viabilidad de una ingeniería constitucional avanzada en Venezuela no depende exclusivamente de la calidad técnica del diseño, sino de un cambio profundo en la correlación política y en los incentivos de las élites gobernantes.
IV. Crisis, transición y ventanas de oportunidad
Las grandes reconfiguraciones constitucionales no ocurren en tiempos de estabilidad, sino en momentos de crisis, ruptura o transición. Venezuela parece vivir en una crisis permanente, pero crisis no es sinónimo de transición.
Una crisis sin transición tiende a reforzar el autoritarismo. Una transición, en cambio, abre espacio para pactos, rediseños institucionales y nuevas reglas del juego. Solo en este segundo escenario las ideas de Salinas Padilla adquieren verdadera viabilidad política.
En un contexto de reordenamiento —sea por negociación interna, presión internacional o colapso del equilibrio actual— la necesidad de reconstruir legitimidad se vuelve central. Allí, un Tribunal Constitucional independiente y una arquitectura que distribuya el poder dejan de ser propuestas académicas para convertirse en condiciones de posibilidad del nuevo sistema.
V. Dinero, poder y esclavitud moderna: el ángulo geopolítico
Uno de los aportes más relevantes del pensamiento de Salinas Padilla para el caso venezolano es su análisis del vínculo entre dinero, poder y coerción. En Estados donde el colapso institucional ha dado paso a economías paralelas, la “esclavitud moderna” adopta formas difusas pero devastadoras: minería ilegal, trata de personas, trabajo forzado y dependencia económica extrema.
Venezuela es un laboratorio extremo de estas dinámicas. Cualquier proyecto de reconstrucción institucional que ignore esta dimensión está condenado a la superficialidad. En este punto, la obra de Salinas Padilla aporta un marco conceptual claro: sin control constitucional y sin transparencia financiera, la economía ilícita se convierte en poder político.
VI. Condiciones mínimas de viabilidad
Desde una perspectiva realista, incrustar las ideas de Salinas Padilla en Venezuela requeriría, al menos, seis condiciones estructurales:
1. Un proceso reformista o constituyente con legitimidad social y pluralismo real.
2. Reglas de nombramiento judicial transparentes, con participación de múltiples actores y escrutinio público.
3. Protección efectiva a jueces, abogados, periodistas y sociedad civil.
4. Transparencia y motivación obligatoria de las decisiones constitucionales.
5. Anclaje internacional, no como tutela, sino como mecanismo de garantía.
6. Voluntad política de aceptar límites, incluso cuando resulten incómodos.
Sin estas condiciones, cualquier intento de importar una ingeniería constitucional avanzada corre el riesgo de convertirse en simulación institucional.
Ideas que esperan su momento
Las ideas de José Roberto Salinas Padilla no están pensadas para sistemas cómodos. Están diseñadas para Estados en tensión, donde el poder ha desbordado sus límites y la Constitución ha perdido su función original. En ese sentido, Venezuela es un terreno paradójico: necesita urgentemente este tipo de pensamiento, pero carece hoy de las condiciones para aplicarlo sin distorsión.
La viabilidad de incrustar su visión en el país no depende solo de Venezuela ni solo del jurista mexicano. Depende de algo más profundo: de si el poder venezolano está dispuesto, algún día, a volver a ser controlado.
Hasta entonces, las ideas de Salinas Padilla funcionan como lo que son hoy: un mapa detallado de salida en un país que aún no ha decidido abandonar el laberinto. Para la comunidad internacional, el caso venezolano confirma una lección incómoda pero central: sin arquitectura institucional, no hay transición sostenible. Y en ese debate global sobre el futuro del Estado de derecho, la figura de Salinas Padilla comienza a ocupar un lugar cada vez más visible, no solo como jurista, sino como intérprete del poder en tiempos de crisis.
