El Gabinete de Seguridad del gobierno federal presentó una nueva estrategia nacional para combatir la extorsión, enfocándose de forma prioritaria en ocho entidades que concentran el 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia contempla diversas acciones clave:
- Refuerzo de medidas de seguridad en centros penitenciarios y de reinserción social, incluyendo operativos para asegurar teléfonos celulares utilizados desde el interior de las cárceles.
- Capacitación a personal de tiendas de conveniencia, bancos y hoteles, para detectar conductas relacionadas con extorsión, como depósitos sospechosos o llamadas falsas de secuestro virtual.
- Implementación de un protocolo de atención a víctimas, así como el fortalecimiento de la línea de denuncia 089, donde se atenderán reportes de extorsión con personal capacitado en manejo de crisis.
- Campañas de prevención y colaboración con la iniciativa privada, para difundir medidas de protección y prevención entre la población.
García Harfuch destacó que se trabajará en la investigación, inteligencia y coordinación con las unidades locales antiextorsión, con el fin de lograr detenciones y proteger a miles de familias trabajadoras afectadas por este delito.
Además, se buscará el bloqueo judicial de líneas telefónicas y celulares utilizados para extorsionar, y se contará con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias vinculadas a estos delitos.
Durante el anuncio, el funcionario estuvo acompañado por los secretarios de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Gertz Manero anunció que la Fiscalía General de la República trabajará de forma conjunta con la SSPC y las Fuerzas Armadas para presentar denuncias formales por extorsiones, tanto telefónicas como presenciales (como el cobro de piso).
El fiscal también convocará a todos los fiscales del país el próximo 1 de agosto, con el objetivo de establecer un compromiso nacional para levantar denuncias de manera sistemática y crear un sistema público de información sobre este delito, el cual será actualizado mensualmente. Este sistema permitirá identificar en qué cárceles se originan las extorsiones y facilitará el seguimiento de los casos.
