En medio del incremento de la violencia en México, una nueva controversia surge en el Congreso de la Ciudad de México: legisladores plantean prohibir la fabricación, venta y exhibición de armas de juguete. La iniciativa, impulsada por la diputada local Rebeca Peralta, busca modificar la Ley de Mercantil y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para restringir el acceso a estos objetos que, según la propuesta, pueden influir en el comportamiento agresivo de menores.
El planteamiento ha generado debate público al cuestionar si estos artículos son realmente un factor determinante en la violencia que enfrentan niños y adolescentes. Mientras las cifras delictivas continúan al alza, la discusión se centra en si regular juguetes puede ayudar a disminuir conductas violentas o si se trata de una medida insuficiente frente a un problema mucho más profundo.
En el Centro Histórico de la capital, las armas de juguete se venden de manera accesible y abundante, con precios que van desde los 300 hasta los 2 mil pesos. Sin embargo, especialistas en psicología advierten que estos objetos no pueden considerarse la causa principal de la violencia infantil.
La psicóloga infantil Joselyn Lugo explica que la violencia es un fenómeno multifactorial que no depende únicamente del tipo de juguetes que utilizan los menores. Señala que factores como violencia intrafamiliar, trauma, pobreza, estilos de crianza punitivos y exposición constante a situaciones agresivas influyen de manera más directa en la conducta de niños y adolescentes. Según la especialista, el juguete —por sí solo— no determina el desarrollo de actitudes violentas, aunque puede reforzar patrones cuando existen condiciones adversas en el entorno familiar o social.
Mientras la iniciativa continúa su revisión en comisiones, tanto legisladores como expertos coinciden en al menos un punto: es importante fomentar juguetes que estimulen la imaginación, la creatividad y el juego simbólico, en lugar de aquellos que representen violencia o armas bélicas.
No obstante, la propuesta deja abierta una pregunta central en la discusión legislativa: ¿realmente se puede disminuir la violencia en una ciudad prohibiendo armas de juguete? El debate continúa mientras la capital enfrenta una crisis de seguridad que exige soluciones integrales y no únicamente simbólicas.
