La escalada de violencia tras los bombardeos de Israel sobre Irán ha puesto de manifiesto cómo se distribuye el poder en la República Islámica. Si bien el país cuenta con un presidente electo y un Parlamento, la Constitución otorga la máxima autoridad al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Jamenei, de 85 años, controla las fuerzas armadas, la Guardia Revolucionaria y su fuerza de voluntarios, los Basij. Asimismo, supervisa la Policía Moral, el sistema judicial, los medios de comunicación estatales y el Consejo de Guardianes, que regula la aprobación de leyes y candidatos políticos. Su autoridad le permite incluso destituir al presidente si así lo considera, lo que subraya su influencia absoluta en todos los aspectos del gobierno.
Por su parte, Masoud Pezeshkian, presidente desde julio de 2024, gestiona la administración diaria del país y tiene margen de acción limitado en la política exterior y los asuntos internos, siempre bajo la supervisión del líder supremo y de organismos controlados por él. Sus planes de reformas enfrentan barreras legales y políticas significativas.
El Consejo de Guardianes refuerza esta estructura de poder, asegurando que las leyes y las candidaturas respeten los preceptos religiosos oficiales. Incluso iniciativas moderadas, como las del expresidente Jatamí, fueron anuladas en su momento, evidenciando que el sistema combina elementos democráticos con un control teocrático estricto.
A pesar de la reciente elección de Pezeshkian, cualquier cambio profundo en la política iraní dependerá de la visión de Jamenei. En situaciones críticas, como los ataques recientes, la población mira hacia un líder que concentra prácticamente todo el poder militar, judicial y político, mientras el presidente y el Parlamento cumplen un rol secundario en la toma de decisiones.
