A finales del siglo XIX, Estados Unidos vivía un proceso acelerado de urbanización y cambio social. En ese contexto, surgieron las llamadas «Ugly laws» o “leyes feas”, normas que prohibían a ciertas personas con características físicas consideradas desagradables aparecer en espacios públicos. Lo que hoy parece una medida absurda fue, en su momento, justificada como protección de la salud y el orden público, aunque en realidad escondía un objetivo de exclusión social.
San Francisco fue pionera en 1867 con una ordenanza que sancionaba a “personas enfermas, mutiladas o deformadas hasta el punto de resultar repugnantes” por estar en calles, plazas o parques. Pronto, otras ciudades como Chicago, Portland y Nueva Orleans replicaron estas regulaciones. Las penas incluían multas y, en casos extremos, prisión. El verdadero blanco de estas leyes no era la estética per se, sino las personas pobres y con discapacidad que sobrevivían en la vía pública. Mendigos, discapacitados y enfermos eran obligados a ingresar a asilos o casas de beneficencia, muchas veces en condiciones precarias.
La Guerra Civil estadounidense dejó un gran número de heridos y mutilados, y muchos veteranos habrían quedado al margen de estas leyes, pero la población más vulnerable fue la que sufrió directamente. Las justificaciones públicas mencionaban la prevención de enfermedades y la protección de mujeres embarazadas de posibles impactos “negativos” al ver a personas enfermas o con discapacidades. Sin embargo, especialistas aseguran que estas normas fueron un mecanismo para alejar a los pobres de las calles y controlar la imagen de las ciudades en crecimiento.
Estas regulaciones persistieron, aunque de manera decreciente, hasta mediados del siglo XX y no fueron derogadas formalmente hasta la década de 1970, tras la presión del movimiento de derechos de las personas con discapacidad. Hoy, aunque la Ley de Estadounidenses con Discapacidad de 1990 prohibe formalmente este tipo de discriminación, los expertos señalan que el espíritu de las “leyes feas” aún influye en políticas urbanas y en la percepción social sobre quienes viven con alguna discapacidad.
