Alejandra López Martínez
En 2025, México vivió un momento histórico con la elección por voto popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial Federal y local, un proceso que prometía consolidar la paridad de género y la inclusión. Sin embargo, los resultados han generado dudas sobre si realmente se avanzó hacia una justicia equitativa o si, por el contrario, se perpetuaron desigualdades estructurales. A pesar de contar con un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se autoidentifica como indígena, Hugo Aguilar, la persona más votada para ministro, la interseccionalidad (clave para garantizar la representación de grupos históricamente marginados) no logró consolidarse, especialmente para las personas indígenas y de la diversidad sexual.
Aunque la reforma constitucional de 2024 estableció cuotas específicas para garantizar la paridad de género, como cinco mujeres y cuatro hombres en la SCJN, y tres mujeres y dos hombres en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), los resultados, en lo general, no cumplieron del todo con las expectativas. El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó directrices para asignar cargos de manera alternada, priorizando a mujeres con mayor votación, pero la complejidad de las fórmulas electorales y la falta de mecanismos claros para garantizar una representación equitativa limitaron el impacto. En el Estado de México, por ejemplo, se reportaron avances con 53 mujeres electas para cargos judiciales, pero a nivel nacional, la paridad sustantiva sigue siendo una promesa incumplida.
La campaña electoral de 2025 estuvo marcada por una violencia simbólica desproporcionada contra las mujeres candidatas. Mientras que los hombres pudieron recurrir a estrategias excéntricas con resultados no tan malos —como apodarse “el ministro chicharrón” o hacer campaña en plataformas como Tinder, generando viralidad—, las mujeres enfrentaron un escrutinio implacable sobre su apariencia, vestimenta y trayectoria. Este doble estándar evidenció un entorno hostil que no solo cuestionó su profesionalismo, sino que reforzó estereotipos de género.
Además, las candidatas enfrentaron una “pobreza de tiempo” derivada de la doble o triple jornada. Muchas debían equilibrar su trabajo como juezas o funcionarias judiciales, las responsabilidades domésticas y de cuidado —que siguen recayendo mayoritariamente en ellas— y las exigencias de una campaña electoral. La presión de participar en eventos públicos en horarios nocturnos o fines de semana exacerbó esta carga (tal vez el único momento que les quedaba para resolver temas familiares y de cuidados). Antes de la reforma, el Poder Judicial había implementado concursos exclusivos para mujeres, reconociendo estas barreras, pero la elección por voto popular eliminó esos mecanismos, dejando a las candidatas en desventaja frente a un sistema que no contempló sus realidades.
La representación de grupos históricamente marginados, como las personas indígenas y de la diversidad sexual, también quedó rezagada. Aunque el próximo presidente de la SCJN se identifica como indígena, pocas personas candidatas indígenas lograron acceder a cargos judiciales, lo que evidencia una falta de enfoque interseccional en el proceso. Asimismo, las candidaturas de personas LGBT+ enfrentaron desafíos significativos. A diferencia de casos previos, como la designación de Ociel Baena como magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes en 2022 —un hito para la representación no binaria—, las elecciones de 2025 no priorizaron la inclusión de la diversidad sexual.
Otro aspecto preocupante fue la falta de rigor en la evaluación de la idoneidad de las candidaturas. Organizaciones como Defensorxs señalaron que decenas de aspirantes tenían antecedentes alarmantes, incluyendo vínculos con el crimen organizado, asociaciones con sectas religiosas como La Luz del Mundo, o acusaciones de delitos graves como abuso sexual. Por ejemplo, Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue señalada como una candidatura de alto riesgo por sus presuntos nexos con el narcotráfico. A pesar de los requisitos de elegibilidad establecidos por el INE, como la “8 de 8 contra la violencia de género”, las acusaciones de mala reputación no fueron suficientemente investigadas, lo que pone en riesgo la integridad del sistema judicial.
La composición del nuevo Poder Judicial, que asumirá funciones a partir de septiembre de 2025, tendrá un impacto directo en las sentencias emitidas. La falta de representación diversa y la persistencia de candidaturas cuestionables podrían limitar la aplicación de perspectivas de género e interseccionalidad en los fallos judiciales. Sin embargo, sin una representación adecuada, estas perspectivas podrían debilitarse, afectando la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. Las elecciones judiciales de 2025 expusieron desafíos estructurales que deben abordarse. Para las elecciones de 2027, será crucial implementar mecanismos que prioricen la idoneidad ética, combatan la violencia simbólica y promuevan una representación diversa que refleje la pluralidad de México.
