La posible eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), planteada por el Ejecutivo y el Legislativo, representaría una regresión en derechos humanos, porque la población perdería a la institución que garantiza el acceso a la información como forma de ejercer otros derechos, como el acceso a la salud y a la vivienda.
Así lo advirtió, la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al señalar que, con la desaparición de este instituto, se fragmentaría la función de revisar las quejas que la ciudadanía presenta cuando no le entregan la información que pidió.
La iniciativa propone que esta función que ahora tiene el INAI se asigne a diversas instituciones que aplicarían criterios diferentes en casos similares, lo que representaría una regresión.
Durante su participación en la 13ª edición del Seminario Internacional: Combate a la corrupción: volver a empezar, organizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, la comisionada sentenció que también desaparecería la segunda instancia gratuita que representa el INAI, cuando atiende negativas de información o afectaciones en el tratamiento de los datos personales de casos provenientes de los estados.
De aprobarse la reforma, alertó, tampoco habría una institución que presente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra leyes y actos de las autoridades que vulneren el derecho de acceso a la información o la privacidad.
“Todas y todos requerimos de información pública para nuestra vida cotidiana, por ende, el cuidado y atención que se preste a las reformas que incidan en su funcionamiento, también es parte de su funcionamiento y de la vida democrática. Es nuestra obligación cuidar, alzar la voz, proteger, fortalecer a las instituciones que garantizan derechos humanos”, subrayó la comisionada Ibarra Cadena.
La Comisionada recordó que el INAI surgió de una demanda social por tener acceso a la información pública, y actualmente goza de la confianza ciudadana por ser un organismo técnico, autónomo, independiente e imparcial, cuya labor fortalece la democracia.
