Este lunes 1 de diciembre de 2025, el panorama político nacional amaneció marcado por una reconfiguración profunda en el sistema de justicia, tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR). Su renuncia, aceptada por el Senado, abre un ciclo que el propio Gobierno federal describe como una transición necesaria para fortalecer la coordinación en materia de procuración de justicia.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la salida del fiscal no responde a una ruptura, sino al cierre natural de una etapa. Señaló que la decisión se tomó de común acuerdo y confirmó que Gertz asumirá un cargo diplomático. Mientras tanto, Ernestina Godoy queda al frente de la FGR como encargada de despacho.
La renuncia no pasó desapercibida en el ámbito político. Diversas voces de la oposición cuestionaron la falta de explicaciones más amplias sobre su salida, subrayando los pendientes y controversias acumuladas durante su gestión, como investigaciones inconclusas y decisiones que generaron debate público. Aun así, el Gobierno sostiene que esta transición forma parte de una estrategia para reforzar la política de “cero impunidad” y avanzar hacia una institución más articulada con el resto del gabinete de seguridad.
En paralelo, el reacomodo institucional también ha reforzado el peso político de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, señalada por analistas como una figura clave en la reestructura operativa que el Gobierno impulsa hacia 2026. Su creciente influencia confirma que el rediseño de seguridad será uno de los ejes centrales del actual sexenio.
Con estos movimientos, México entra en un momento decisivo: una etapa donde la ciudadanía observa con atención si los cambios generarán resultados reales en justicia, seguridad y combate a la corrupción, o si abrirán nuevos debates sobre autonomía institucional y transparencia.
