El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el cual sostiene que en el país persiste una práctica “sistemática y generalizada” de desapariciones forzadas.
En un comunicado oficial, la administración federal negó categóricamente que las desapariciones sean una política de Estado, argumentando que la mayoría de los casos están “vinculados con la delincuencia organizada” y que el gobierno ya implementa medidas estructurales para su prevención e investigación.
El informe del CED, publicado a inicios de año, activó el artículo 34 del reglamento de Naciones Unidas, un procedimiento excepcional que podría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, aumentando la presión internacional sobre México.
Desde Palacio Nacional, se ha insistido en que el Estado mexicano “colabora plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos”, aunque se advirtió que las observaciones del CED “no reflejan de manera precisa los avances logrados en la materia”.
Diversos organismos civiles, en cambio, han señalado que la respuesta del gobierno es insuficiente y defensiva, recordando que México supera las 110 mil personas desaparecidas registradas oficialmente.
La controversia marca un momento crítico para la política interna de derechos humanos y la imagen internacional del país. En los próximos meses, se espera que el Ejecutivo refuerce su estrategia de búsqueda y justicia, en un intento por equilibrar la presión internacional con la percepción de soberanía nacional.
