Por Paula García
La alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, fue vinculada a proceso este miércoles bajo la acusación de estar implicada en el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Jerónimo Roque. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este caso forma parte de la investigación denominada ‘Operación Enjambre’, diseñada para combatir el crimen organizado y la corrupción en el estado.
Los hechos
El doble homicidio ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando las víctimas fueron atacadas a tiros mientras circulaban en un vehículo en la carretera Amanalco-Valle de Bravo. Las indagatorias señalan que la alcaldesa habría participado en la planeación del asesinato, posiblemente en represalia por disputas políticas y administrativas en el municipio.
La investigación
La FGJEM presentó pruebas contundentes que llevaron a un juez de control a dictar la vinculación a proceso. Entre estas evidencias se encuentran testimonios, análisis de comunicación telefónica y registros que implican a la alcaldesa en la organización del crimen.
Durante la audiencia, se informó que la ‘Operación Enjambre’ ha permitido desarticular redes criminales que operan bajo el amparo de autoridades locales. El caso de Amanalco es uno de los más relevantes debido al cargo político de la implicada.
Consecuencias legales
María Elena “N” permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal. La FGJEM tiene un plazo de tres meses para completar la investigación complementaria. Si se comprueba su responsabilidad, podría enfrentar una condena significativa por homicidio calificado.
Reacciones
Este caso ha generado un intenso debate en el ámbito político del Estado de México. Líderes de diversos partidos han exigido justicia, mientras que organizaciones civiles llaman a reforzar los mecanismos para prevenir que figuras públicas utilicen su poder para cometer delitos.
La ‘Operación Enjambre’ se posiciona como un esfuerzo clave en la lucha contra la corrupción y la violencia, marcando un precedente en la rendición de cuentas de servidores públicos.
Fuente: FGJEM, declaraciones oficiales y reportes de investigación.
