Lituania denunció este lunes al presidente bielorruso Alexander Lukashenko y a miembros de su gobierno, ante la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes contra la humanidad, al obligar a sus propios ciudadanos a huir del país.
De acuerdo con Lituania, la oposición bielorrusa ha sido reprimida desde el 2020, cuando estallaron protestas, luego de un proceso electoral muy disputado, cuyos resultados fraudulentos, le dieron el triunfo a Lukashenko, para un sexto período presidencial.
Ante ello, cientos de miles de personas han huido del país y numerosos líderes opositores fueron obligados a exiliarse o terminaron en prisión.
En su denuncia ante la CPI, Lituania señaló que hay “indicios razonables” para creer que el gobierno de Lukashenko, la policía y las fuerzas armadas han incurrido en “deportaciones, persecuciones y otros actos inhumanos” contra civiles bielorrusos durante más de cuarto años.
Subrayó que el gobierno bielorruso “ha desplazado por la fuerza a cientos de miles de residentes legales de Bielorrusia a territorios adyacentes a Lituania” y a otros países que son firmantes del Estatuto de Roma en que se funda la corte.
El gobierno lituano aseveró que el objetivo del gobierno bielorruso era “deshacerse, por cualquier medio, de todos los críticos y opositores a fin de consolidar el poder del régimen autoritario. Todos los perpetradores directos, sus comandante y superiores estaban claramente al tanto del ataque”.
En un comunicado, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, confirmó que había recibido la remisión de Lituania y dijo que llevará a cabo una investigación preliminar para determinar si vale la pena continuar con el caso.
A medida que Lukashenko busca un séptimo período el próximo año para prorrogar su gobierno de tres décadas, los opositores en el exilio dicen que está intensificando la presión sobre los bielorrusos que se han ido del país. El objetivo, afirman, es suprimir cualquier oposición desde el extranjero.
