El diputado Max Correa Hernández, alertó sobre el abuso de permisos y cambios de usos de suelo que los actuales gobiernos municipales de Naucalpan y Tlalnepantla, que concluirán funciones el 31 de diciembre, están otorgando a empresas inmobiliarias.
Esta situación, advirtió el Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, ocasiona que miles de viviendas sean construidas sobre áreas verdes y zonas donde la escasez de agua y la densidad de población ya es un problema grave.
Max Correa afirmó que el caso que ha prendido los focos rojos, es el aval que otorgó el actual gobierno de Naucalpan, encabezado por la alcaldesa Angélica Moya Marín, a la empresa Fortem Capital para construir en “El Cerrito”.
Explicó que “El Cerrito”, es “una de las últimas áreas verdes que hay en el fraccionamiento Lomas Verdes, donde se pretende construir el desarrollo inmobiliario Terralago, que consta de tres torres con más de mil viviendas y centros comerciales”.
En el marco de una junta informativa con científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ambientalistas del Consejo de Cuenca de Presa Madín, los especialistas dieron a conocer a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán los resultados del “Estudio de Toxicidad” del agua de la Presa Madín.
En el estudio, se documentó que las descargas que realizan los fraccionamientos y colonias a este cuerpo de agua, así como el nulo funcionamiento de las plantas tratadoras de agua, incrementan las concentraciones de contaminantes que provoca la toxicidad del líquido que abastece a parte de los habitantes de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán.
En este sentido, Max Correa llamó a la sociedad civil y las autoridades del gobierno del Estado de México a anteponer los Derechos de la Naturaleza para denunciar y no permitir desarrollos habitacionales que destruyen la biodiversidad que aún existe en las zonas verdes y reserva ecológica del Valle de México.
