Por Daniela Altamirano
En un oscuro capítulo para los derechos humanos en Venezuela, la misión investigadora de la ONU ha revelado la alarmante detención de más de cien menores, incluidos niños, niñas y adolescentes, en el contexto de las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales. Estos menores han sido imputados por crímenes graves, siendo acusados de los mismos delitos que los adultos detenidos, tales como terrorismo, conspiración e incitación al odio.
Lo más preocupante, según los juristas de la misión, es que estos niños han sido sometidos a procesos judiciales sin la presencia de sus padres o tutores, lo que vulnera las normas internacionales de protección de la infancia. Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU, subrayó la necesidad de tratar a estos menores con estricto apego a las leyes internacionales, respetando siempre su interés superior.
Las protestas en Venezuela no solo han dejado detenciones, sino también un saldo trágico de 23 muertes, la mayoría a causa de disparos. La presidenta del grupo, Marta Valiñas, ha exigido que estas muertes sean investigadas a fondo y que cualquier uso indebido de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, o la participación de civiles armados, sea castigado.
Según la misión, las detenciones han sido arbitrarias, con audiencias telemáticas sumarias llevadas a cabo por tribunales especializados en terrorismo, a pesar de que muchos casos ocurrieron fuera de Caracas. Además, se reportan graves violaciones al debido proceso, incluyendo la falta de información adecuada a los familiares y la negación de abogados de confianza para los detenidos.
Este informe pone de relieve las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo en Venezuela, dejando a cientos de familias en incertidumbre y dolor.
