Por Daniela Altamirano
En un nuevo capítulo de la crisis política en Venezuela, se ha confirmado el primer robo de casillas electorales en el estado Táchira, con denuncias que señalan a grupos paramilitares vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.
Testigos y activistas informaron que hombres armados, identificados como miembros de colectivos paramilitares leales al régimen, irrumpieron en varias casillas electorales, intimidando a votantes y llevándose urnas con votos. La violencia alcanzó un punto álgido en el barrio La Romana de Periquito, donde se registraron disparos.
La oposición condenó enérgicamente estos actos, acusando al gobierno de usar tácticas de intimidación para manipular los resultados. Líderes opositores pidieron la intervención de observadores internacionales para investigar los hechos y proteger los derechos de los votantes.
El gobierno de Maduro negó cualquier implicación, calificando las acusaciones como desinformación. No obstante, las evidencias presentan un panorama preocupante de coerción y abuso de poder.
La situación sigue siendo tensa y con un futuro incierto para la estabilidad de Venezuela, mientras la comunidad internacional evalúa posibles sanciones en respuesta a las violaciones a la democracia y los derechos humanos en el país.
