Por Diana Silva
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado una medida urgente para cubrir 818 vacantes fundamentales: 769 capacitadores y 49 supervisores. Estos roles son esenciales para la correcta operación de casillas y la captura de datos que alimentan los sistemas de resultados y tendencias electorales.
A pesar de que estas vacantes representan solo el 1.8% y el 0.66% de la plantilla total, respectivamente, la situación es preocupante debido a que se han emitido 1,311 convocatorias sin éxito, casi el doble que en 2018. Este incremento evidencia la dificultad que enfrenta el INE para encontrar personal dispuesto a ocupar estos puestos.
Durante la sesión del Consejo General, la presidenta Guadalupe Taddei y Martín Faz, encargado de las comisiones unidas de Capacitación y Organización, aseguraron que la situación no pone en riesgo la jornada electoral del 2 de junio. Afirmaron que aún hay tiempo para resolver las vacantes.
No obstante, se realizará un análisis posterior a las elecciones para identificar las causas del problema. Algunos, incluidos partidos de oposición, culpan a los recortes presupuestales aplicados al INE. Además, se mencionó que los salarios no son competitivos y los empleos son eventuales y sin prestaciones, lo que contribuye a la falta de interés en las vacantes.
Faz propuso cuatro soluciones para abordar el problema: contratar a capacitadores de los organismos públicos locales (Ople), utilizar la lista de reserva de estos organismos, que los capacitadores locales trabajen también en el ámbito nacional y, como última opción, emplear al personal de oficinas centrales y vocalías locales y distritales del INE, e incluso a los trabajadores de los módulos de atención ciudadana.
A solo 10 días de la elección, la responsabilidad se ha centrado en áreas específicas como Tlaxiaco, Oaxaca, y Playa del Carmen, Quintana Roo. Hasta la fecha, el 97.4% de los funcionarios de casilla han sido seleccionados, de los cuales el 95% ya ha recibido capacitación; el 63% de las mesas ha realizado simulacros y el 96% ha garantizado la participación ciudadana requerida.
El consejero Uuc-kib Espadas señaló que además de los recortes presupuestales, la extorsión a los solicitantes sobre su supuesta afiliación partidista también ha sido un factor negativo, lo que resultó en que el INE se perjudicara a sí mismo. Espadas mencionó que el acuerdo del Consejo General buscaba evitar una invasión de morenistas.
Por su parte, la consejera Humphrey subrayó que el proceso de selección no es arbitrario, sino un mandato legal que prohíbe a los capacitadores ser militantes partidistas. Sin embargo, el consejero Jaime Rivera criticó a Espadas por sus comentarios y su falta de compromiso, indicando que no merece más comentarios por el momento.
Esta situación resalta la urgencia de implementar soluciones efectivas para asegurar el correcto desarrollo de las elecciones, manteniendo la integridad y la legalidad del proceso electoral.
