Por José Corzo
A medida que se acercan las elecciones más grandes en la historia de México, la violencia política perpetrada por el crimen organizado plantea una amenaza seria para el proceso electoral. Con al menos 30 aspirantes a cargos de elección popular asesinados hasta el momento, la seguridad se ha convertido en una preocupación primordial para funcionarios y candidatos locales.
En municipios como Maravatío, Michoacán, la violencia ha dejado a los habitantes sin contendientes para asumir la alcaldía, con candidatos ejecutados a pocas horas de diferencia. Este patrón de violencia ha llevado a expertos en seguridad a advertir sobre las elecciones más violentas en la historia democrática del país.
Según un informe de la consultora de seguridad Global Guardian, el crimen organizado busca influir en los resultados electorales mediante sobornos, financiamiento ilícito de campañas políticas, intimidación y coerción. Los estados más peligrosos para políticos locales, según el informe, son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Puebla.
Además de la amenaza del crimen organizado, existen otros riesgos potenciales para el proceso electoral, como la legitimidad de los resultados, el malestar social y las movilizaciones de grupos de interés que podrían desencadenar protestas.
En este contexto, la seguridad durante las elecciones se vuelve crucial para garantizar la integridad del proceso democrático y la protección de los derechos de los ciudadanos. Con el aumento de la violencia política, es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para prevenir y mitigar cualquier amenaza que pueda poner en peligro la democracia en México.
