Por: Alejandra López Martínez
Hablar de justicia siempre tiene dos lados: el del acusado y el del acusador. Ser juez o jueza implica, casi siempre, decepcionar a uno de esos dos lados. Decidir quién tiene la razón, cómo se penaliza o cómo se repara el daño no es sencillo. Es necesario escuchar a ambas partes y considerar circunstancias como vulnerabilidades, situaciones particulares y distintas perspectivas: de género, de infancias, de discapacidad.
Aun así, nuestras cárceles están llenas de personas inocentes: muchas se autoinculparon para evitar una condena más larga, otras no pudieron pagar una buena defensa. Algunas, incluso, fueron víctimas de corrupción por parte de quienes las juzgaron.
Sin embargo, las fallas más graves en nuestro sistema de justicia se originan en las investigaciones. Para garantizar una justicia real, es urgente reformar las fiscalías en todos los estados. Mientras los policías municipales hacen su trabajo deteniendo a delincuentes, al llegar al Ministerio Público las carpetas de investigación suelen estar mal integradas. Cuando los casos llegan a las y los jueces, los expedientes están plagados de irregularidades: pruebas sembradas o ausentes, testimonios irrelevantes u omisiones graves. Incluso hay procesos que revictimizan a las personas. Así, el margen de error para emitir una mala sentencia se vuelve enorme.
Condenar a una persona inocente es una arbitrariedad del Estado que debe evitarse mediante el debido proceso y la garantía de los derechos humanos. Las pruebas sólidas deben ser el requisito para vincular a alguien a proceso, pero también es necesario evitar que la justicia sea utilizada como herramienta de persecución política o como respuesta a presiones mediáticas y sociales. La justicia no puede ser un linchamiento disfrazado de legalidad.
En las campañas recientes para renovar el Poder Judicial hemos visto algo preocupante: aunque las campañas negativas están prohibidas, varios perfiles de jueces y magistrados en proceso de elección han sido blanco de ataques mediáticos y en redes sociales. Es fácil sumarse a estos ataques, descalificarlos o etiquetarlos con base en una sola decisión. Pero para entender realmente por qué tomaron tal o cual resolución, necesitamos tener toda la información, y esa, muchas veces, está protegida por ley. Las personas juzgadoras tienen la obligación legal y ética de no revelar detalles de los juicios.
A poco más de un mes de las elecciones para renovar el Poder Judicial, es crucial entender que elegir a jueces no los convierte en jueces de las masas, ni les da facultad para actuar al contentillo. Su compromiso es con la ley, aunque eso a veces incomode.
