Alejandra López Martínez
Desde el sexenio pasado, ha surgido una confrontación entre el poder Ejecutivo y el Judicial, enfrentando a las ministras y ministros con la figura presidencial. Aprovechando los prejuicios y las experiencias negativas de la ciudadanía respecto a la justicia, además de los altos sueldos percibidos en un país de gran desigualdad, se ha alimentado una animadversión hacia el Poder Judicial que antes no existía. El expresidente López Obrador impulsó una reforma en la que proponía renovar a todas las personas juzgadoras, recurriendo al discurso de la “votación de mayorías” para darle legitimidad.
Se ha debatido ampliamente sobre la legitimidad de las personas juzgadoras, la cual proviene precisamente de que nadie las designa y, por lo tanto, no deben favores. Es cierto que no podemos afirmar que el Poder Judicial esté completamente libre de corrupción y nepotismo. Sin embargo, la elección de juzgadores no garantiza inmunidad frente a estos problemas.
En un último esfuerzo por frenar esta reforma, ya aprobada por ambas cámaras, congresos locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto para invalidar la elección de jueces y magistrados, manteniendo únicamente la elección de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sentencia será votada el próximo martes, en lo que representa el último recurso que intentará el Poder Judicial para evitar que entre en vigor esta reforma.
Tras este intento, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia presentaron sus cartas de renuncia, efectivas a partir del 31 de agosto. La ministra presidenta Norma Piña, junto con las ministras y ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, declararon que no participarían en una elección en la que las condiciones parecen desfavorables.
Además, para bloquear la posible resolución de la sentencia que se votará el 5 de noviembre, el Congreso aprobó en “fast track” la reforma de Supremacía Constitucional, con el apoyo mayoritario de MORENA, PT y el Partido Verde. Posteriormente, esta reforma fue turnada a los congresos locales, quienes el jueves declararon su constitucionalidad.
Con la aprobación de esta reforma constitucional, no será posible impugnar mediante amparos o recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia las reformas constitucionales, incluso aquellas que contravengan tratados internacionales. Aunque este cambio responde a intereses políticos de corto plazo, como impedir la anulación de la reforma al Poder Judicial, sus implicaciones podrían ser graves si en el futuro se aprobara una reforma nociva de éste u otro gobierno.
