Por Samantha Guerrero
En menos de 24 horas, el Estado de México ha sido testigo de una ola alarmante de violencia contra operadores del transporte público, una situación que refleja la creciente inseguridad y el miedo que acecha a quienes trabajan en este sector. En un periodo crítico, se han registrado cuatro ataques directos, todos presuntamente ligados a extorsiones por parte de grupos criminales.
Detalles de los Ataques Recientes
El ataque más reciente ocurrió en la mañana del miércoles, cuando un motociclista armando abrió fuego contra el conductor de la unidad número económico 2496 en la carretera federal México-Cuautla, en la comunidad de San Antonio Zoyatzingo, Amecameca. Aunque la víctima logró sobrevivir, su estado de salud es grave, lo que subraya la peligrosidad de la situación.
Días antes, en Atlautla, un taxista fue interceptado por hombres armados, quienes dispararon al menos cuatro veces contra su vehículo. Afortunadamente, el conductor salió ileso, pero el hecho evidencia el clima de violencia que rodea a los trabajadores del transporte.
Además, un tercer incidente se reportó en la ruta 85, donde otro chófer fue atacado y recibió nueve disparos, aunque también logró sobrevivir. Para complicar aún más la situación, un comando intentó incendiar una camioneta de la ruta 36, lo que dejó a los operadores en un estado de alerta máxima.
La Lucha por la Seguridad
Ante estos hechos, los operadores de la ruta 36 y taxistas concesionados de la región de los volcanes se trasladaron a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir medidas de seguridad efectivas. La comunidad de transportistas está alarmada y reclama garantías no solo para su seguridad, sino también para la de los usuarios que dependen de sus servicios.
La serie de ataques en contra de los operadores del transporte público en el Estado de México destaca una crisis de seguridad que no puede ser ignorada. La extorsión y la violencia se han convertido en una realidad cotidiana para estos trabajadores, quienes se enfrentan a un panorama cada vez más peligroso. Es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para restaurar la seguridad y la confianza en el transporte público, un servicio esencial para la comunidad.
Este contexto exige atención urgente y un enfoque integral para combatir la extorsión y garantizar la protección de quienes, a diario, arriesgan su vida para llevar a los demás a sus destinos. La seguridad de los operadores y de los usuarios debe ser una prioridad en la agenda pública del Estado de México.
