Por Sinai Peña
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México ha otorgado el registro sanitario para la comercialización de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer (Comirnaty) y Moderna (Spikevax) en el país. Esta aprobación ha generado expectativas y pone en marcha un plan para su disponibilidad y distribución.
Sin embargo, la venta de estas vacunas estará limitada a farmacias con licencias específicas, representando solo alrededor del 8% de las 30 mil farmacias en México. Estos establecimientos deben contar con la infraestructura adecuada, incluyendo cadena de frío, para poder almacenar y dispensar estas vacunas, que requieren condiciones de temperatura controlada.
La supervisión médica será un requisito indispensable para la administración de estas vacunas, y su venta estará sujeta a la disponibilidad en el mercado y los acuerdos con distribuidores, lo que puede influir en sus precios.
Según la información proporcionada por las autoridades de salud, estas vacunas han cumplido con los estándares de calidad, seguridad y eficacia, además de estar formuladas para combatir las variantes actuales del virus, incluida la variante ómicron.
La estrategia comercial de Pfizer y Moderna en México se está desarrollando con el objetivo de maximizar el impacto de sus vacunas actualizadas y facilitar su acceso al mayor número de personas.
Es importante destacar que, a pesar de la disponibilidad comercial, las vacunas contra el COVID-19 en México siguen siendo universales y gratuitas como parte de la Política Nacional de Vacunación, reiterando que su aplicación fuera de este marco debe ser bajo estricta recomendación médica.
La aprobación de la Cofepris para la comercialización de estas vacunas representa un avance significativo en la lucha contra el COVID-19 en México, ofreciendo una opción más para la inmunización contra el virus, especialmente adaptadas para enfrentar las variantes que circulan actualmente.
La próxima etapa se enfocará en el despliegue efectivo y seguro de estas vacunas, con un énfasis en la vigilancia médica y el cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar su administración adecuada en la población.
