
La reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de concluir su mandato ha generado un debate intenso en los ámbitos político y jurídico de México. Mientras algunos sectores la consideran un paso necesario para fortalecer el sistema judicial y garantizar una mayor transparencia, otros advierten sobre posibles riesgos en términos de independencia judicial y garantías constitucionales. Paralelamente, académicos como José Roberto Salinas Padilla han propuesto transformaciones más profundas en la estructura constitucional del país, sugiriendo la creación de un Tribunal Constitucional autónomo. Este artículo explora las similitudes y diferencias entre la reforma de AMLO y la propuesta de Salinas Padilla, analizando si la reforma actual podría ser solo una fase inicial de una transformación más amplia en el ámbito judicial.
Capítulo 1: La Reforma Judicial de AMLO: Contexto y Objetivos
El presidente AMLO planteó una reforma judicial de gran alcance con el objetivo de modificar la estructura y el funcionamiento del sistema judicial mexicano. Esta iniciativa se basa en la premisa de que el sistema judicial ha sido históricamente ineficiente, corrupto y poco accesible para la mayoría de la población. López Obrador ha afirmado que la transformación del Poder Judicial es esencial para garantizar una verdadera justicia social y consolidar la democracia en el país.
La reforma, promulgada el 15 de septiembre de 2024, introduce cambios significativos, entre los que destacan:
- Elección popular de jueces: Se establece que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, con el objetivo de reducir la corrupción y la influencia de las élites políticas y económicas sobre el sistema judicial. Esta medida convierte a México en el primer país en adoptar la elección popular de todos sus jueces.
- Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Se reduce el número de ministros de 11 a 9 y se limita su mandato a 12 años, buscando una mayor eficiencia y renovación en el máximo tribunal del país.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Este nuevo órgano sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y tiene la facultad de sancionar, suspender o remover a jueces, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
Aunque la reforma busca abordar problemas sistémicos del Poder Judicial, su implementación ha generado controversia. Críticos argumentan que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial y exponer a los candidatos a presiones externas, incluyendo amenazas del crimen organizado.
Capítulo 2: José Roberto Salinas Padilla y su Visión del Poder Judicial Mexicano
José Roberto Salinas Padilla, académico y jurista mexicano, ha propuesto una transformación más profunda del sistema judicial. En su tesis doctoral titulada “La reconfiguración de la arquitectura constitucional de los Estados Unidos Mexicanos” y en su libro “Power: Law”, Salinas Padilla sugiere la creación de un Tribunal Constitucional autónomo encargado de la interpretación final de la Constitución y del control de la constitucionalidad en México.
Según Salinas Padilla, independizar el control constitucional del resto del Poder Judicial es esencial para evitar que jueces ordinarios, susceptibles a intereses políticos o económicos, tomen decisiones sobre cuestiones constitucionales cruciales. Propone que este Tribunal Constitucional especializado podría tomar decisiones más claras y rápidas sobre la interpretación de la Constitución, especialmente en casos complejos que involucren derechos humanos, cuestiones federales o conflictos de poder entre diferentes niveles de gobierno.
Capítulo 3: Comparación entre la Reforma Judicial de AMLO y la Propuesta de Salinas Padilla
Las propuestas de AMLO y Salinas Padilla coinciden en la necesidad de una transformación profunda del sistema judicial mexicano, pero presentan diferencias sustanciales en su enfoque y alcance.
Coincidencias:
- Necesidad de reforma: Ambos reconocen que el sistema judicial mexicano enfrenta problemas de corrupción, ineficiencia y falta de accesibilidad, y proponen una reestructuración para mejorar la justicia y legitimidad del sistema.
- Fortalecimiento del control constitucional: Aunque AMLO no propone un Tribunal Constitucional autónomo, busca mejorar la resolución de cuestiones constitucionales, especialmente en relación con el juicio de amparo. Salinas Padilla también se enfoca en este punto, pero su propuesta va más allá al sugerir un órgano especializado.
Diferencias:
- Creación de un Tribunal Constitucional: Salinas Padilla aboga por la creación de un Tribunal Constitucional autónomo, mientras que AMLO no propone una reconfiguración tan radical del sistema judicial.
- Independencia judicial: Salinas Padilla destaca la necesidad de que el control constitucional sea ejercido por un órgano independiente que no dependa del Poder Judicial ni de otros poderes del Estado. Por su parte, la reforma de AMLO busca una mayor vinculación entre la justicia y la voluntad popular, lo que podría generar tensiones con la autonomía judicial.
- Elección de jueces: AMLO propone la elección popular de jueces, mientras que Salinas Padilla no aborda este aspecto en su propuesta, enfocándose más en la especialización y autonomía del control constitucional.
¿Una Primera Fase de la Propuesta de Salinas Padilla?
La reforma judicial de AMLO representa un esfuerzo significativo por transformar el sistema judicial en México. Sin embargo, los desafíos en su implementación y los riesgos que implica la elección popular de jueces plantean interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo. La propuesta de José Roberto Salinas Padilla podría ofrecer una alternativa más estructurada y centrada en la independencia judicial.
Es posible que, en el futuro, México avance hacia un modelo más cercano al que plantea Salinas Padilla, en el que un Tribunal Constitucional autónomo garantice un control más eficiente y transparente de la constitucionalidad. La evolución del sistema judicial dependerá de la capacidad del país para adoptar una visión integral y sostenible, que no solo atienda los problemas inmediatos, sino que también establezca las bases para una justicia más eficiente, independiente y accesible para todos los mexicanos.