El caso judicial en el que Shakira enfrenta la acusación de presuntamente defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda ha captado la atención pública. Aquí se ofrecen algunos detalles sobre el desarrollo del juicio: El juicio comenzará el lunes 20 de noviembre y se espera que se extienda a lo largo de 12 sesiones hasta el jueves 14 de diciembre. La artista se enfrenta a una petición de condena de ocho años y dos meses de prisión en relación con la acusación de fraude fiscal.
Se espera que Shakira asista al tribunal al menos el primer día de juicio y, si decide declarar, lo hará al inicio del proceso o al final, dependiendo de la estrategia de su defensa. Durante el juicio, están llamados a declarar 117 testigos y ocho peritos. Entre los testigos se incluyen empleados de centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes en los que Shakira ha sido atendida. También se citan vecinos, trabajadores de mantenimiento, y empleados de Live Nation España, así como el CEO de Sony Music en América Latina y la presidenta de la compañía.
La artista ha propuesto como testigos a su hermano y mánager, su coreógrafa, su terapeuta, su peluquera, su estilista, sus managers, su productor y su ex pareja, Antonio de la Rúa Pertiné. Es importante recordar que las acusaciones y las defensas se presentarán y discutirán a lo largo del juicio, y el veredicto final será determinado por el tribunal en función de las pruebas presentadas y los argumentos presentados por ambas partes.
La acusación de seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014 y la exigencia de una pena de prisión de ocho años y dos meses, además de una multa de 23,8 millones de euros, es un asunto serio para Shakira. Los tributos supuestamente defraudados incluyen 12,371,197 euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 2,191,771 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), sumando un total de 14,562,968 euros.
La acusación sugiere que Shakira utilizó un complejo entramado de 15 sociedades ubicadas en diversas jurisdicciones, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. Estas sociedades fueron presuntamente designadas como titulares de sus rentas y patrimonios en lugar de figurar a su nombre, con el supuesto propósito de ocultar sus ingresos a la Agencia Estatal Tributaria y la Agència Tributària de Cataluña, evitando así el pago de impuestos en España.
El caso subraya la importancia de la transparencia en asuntos fiscales y destaca cómo las personalidades públicas pueden enfrentar consecuencias legales significativas en caso de irregularidades fiscales. Como en cualquier proceso judicial, el veredicto final dependerá de la presentación de pruebas y de la evaluación del tribunal sobre la base de la ley aplicable.
