Bajo el principio de reciprocidad que establece el T-MEC en su artículo 23, México, Estados Unidos y Canadá deben generar condiciones legales y programas para la sindicalización de los trabajadores agrícolas migrantes con visa H-2A y del PTAT, advirtió Max Correa Hernández, Presidente del Consejo de la Central Campesina Cardenista (CCC).
Al dimensionar la importancia de garantizar los derechos laborales de asociación y contratación colectiva de los jornaleros agrícolas, que en su mayoría son indígenas, señaló que actualmente en México hay casi tres millones, en los Estados Unidos alcanzan los dos millones, mientras que en Canadá son más de 50 mil.
Durante el Foro de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo que se realizó en la Ciudad de Toluca, el ambientalista y exdiputado recordó que el trabajo de producción y comercialización de alimentos se ha convertido en una actividad esencial durante y después de la pandemia COVID-19.
Max Correa también resaltó la importancia de eliminar el uso de contratistas laborales “independientes”, tanto en México como en Canadá y Estados Unidos, “que se han convertido en los principales abusadores de los trabajadores agrícolas migrantes.
El activista social también puso en la mesa la creación de una política laboral que facilite la información y capacitación previa y constante de los jornaleros agrícolas con las visas H2-A o dentro del Programa PTAT.
Para Max Correa, las órdenes ejecutivas de Donald Trump son disparos que también harán daño a los estadounidenses, porque las deportaciones masivas encarecen los alimentos en ese país, afirmó.
Max Correa, quien es autor de la propuesta legislativa que se convirtió en la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo y sus variedades del Estado de México, consideró que si bien, las deportaciones masivas representan una presión social para México, también será una oportunidad para incrementar la productividad y competitividad de regiones rurales y urbanas, incorporando a estas personas a la actividad económica”,
