El próximo lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que sugiere invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral debido a graves violaciones al proceso legislativo. A pesar de la propuesta de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para posponer el tema, la SCJN decidió que los ministros deben primero resolver las impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, que se encuentran pendientes desde 2018. Los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, ya que el tema se planteó como electoral.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que el objetivo del aplazamiento era evitar sentencias contradictorias que violen los principios de certeza y seguridad jurídica. La Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo. La SCJN ya había considerado que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral y no concedió la suspensión solicitada por ser una norma general y abstracta, pero ahora se resolvió en una diversa acción de inconstitucionalidad que sí afecta a la reforma electoral.
