Portugal ha iniciado un proceso sin precedentes que afecta directamente a 33.983 personas migrantes cuya permanencia en el país ha sido considerada irregular. De acuerdo con la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), los afectados fueron notificados formalmente y disponen de un plazo de 20 días para abandonar voluntariamente el país. La decisión ha encendido las alarmas entre organizaciones humanitarias y sectores de la sociedad civil.
La medida llega después de que el nuevo gobierno de centro-derecha modificara el marco legal que regulaba la inmigración. Durante años, miles de personas ingresaron a Portugal con la expectativa de regularizar su situación a través del mecanismo de “manifestación de interés”, que permitía iniciar trámites migratorios tras conseguir empleo o residencia. Sin embargo, ese sistema fue suprimido por el actual gobierno, que alega que generó un colapso administrativo, precariedad laboral y una economía sumergida difícil de controlar.
Desde la semana pasada, AIMA ha estado enviando cerca de 2.000 notificaciones diarias de salida obligatoria. La mayoría de los migrantes afectados provienen de India, Bangladesh, Nepal, Pakistán y Brasil, países desde los cuales miles de personas habían llegado en los últimos años para trabajar en sectores como la construcción, la hostelería y los cuidados domiciliarios.
“Estas personas no tienen base legal para permanecer en Portugal. Han sido informadas y tendrán la oportunidad de salir voluntariamente. Pero si no lo hacen, serán objeto de una expulsión forzosa”, afirmó António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, en una rueda de prensa.
Aunque las autoridades insisten en que se trata de un procedimiento administrativo y no penal, diversas organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como una “expulsión masiva encubierta”. “Estas personas han estado durante años a la espera de una respuesta del Estado. Han trabajado, cotizado y construido familias. Portugal tiene una deuda pendiente con ellos, no un castigo”, indicó la ONG.
Además, sectores académicos y laborales han advertido que esta política podría tener efectos económicos adversos. Portugal enfrenta una crisis demográfica aguda, con una población envejecida y baja natalidad. La inmigración había sido hasta ahora una respuesta natural al déficit de mano de obra, especialmente en sectores esenciales.
El cambio de postura también ha generado manifestaciones en Lisboa, Oporto y otras ciudades. Migrantes y defensores de sus derechos exigen una revisión de las políticas migratorias y un proceso de regularización masivo que atienda los casos pendientes de forma digna.
El gobierno, por su parte, insiste en que no se trata de una medida xenófoba, sino de una “normalización legal” de la inmigración. Sin embargo, la forma y la rapidez con la que se está llevando a cabo han abierto un debate en el país sobre el rumbo de su política migratoria y el respeto a los derechos humanos.
