En una sesión controvertida, el Senado de la República de México aprobó una reforma que elimina la mayoría de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión ha generado críticas y preocupaciones, particularmente entre los trabajadores del PJF.
La reforma, impulsada por el partido Morena y sus aliados, ha dejado sin efecto 13 de los 14 fideicomisos que operaban en el PJF, con un valor conjunto de más de 15,434.7 millones de pesos. A pesar de las manifestaciones de los empleados del PJF y las solicitudes de reunión con senadores, la mayoría parlamentaria modificó la Ley Orgánica del PJF para prohibir la creación o el mantenimiento de fondos adicionales en ese ámbito.
La reforma establece que los recursos de estos fideicomisos serán transferidos a la Tesorería de la Federación y destinados a programas que respalden el Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo su uso en proyectos respaldados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los momentos más destacados de la sesión fue la presentación de una moción suspensiva por parte de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, para escuchar a los trabajadores del PJF antes de la votación. Sin embargo, la moción fue rechazada con 56 votos en contra de Morena y sus aliados, 36 a favor y una abstención.
Una figura relevante en este proceso fue Olga Sánchez Cordero, ex ministra y actual diputada por Morena. En su intervención, admitió que la eliminación de los fideicomisos afectaría los derechos laborales de los trabajadores del PJF. Sánchez Cordero, junto con otros miembros de su partido, votó en contra de la reforma, enfatizando la importancia de la autonomía de los Poderes de la Unión en la gestión de sus recursos.
Finalmente, la reforma fue enviada a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un paso significativo en la controvertida modificación de la estructura financiera del Poder Judicial de la Federación. Este tema ha generado debate en México y destaca las tensiones entre la autonomía de los Poderes y las prioridades gubernamentales.
