Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han exigido a las autoridades mexicanas el cese inmediato de la violencia contra personas indígenas defensoras de la tierra y el territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La demanda surge tras el asesinato de tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en una emboscada el pasado 13 de febrero. Las víctimas, identificadas como Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, fueron atacadas a balazos en Santo Domingo Petapa mientras viajaban en una camioneta. Se ha denunciado que los tres habían recibido amenazas debido a su oposición al megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el cual ha generado un incremento en las agresiones contra defensores del territorio, según activistas.
Diversas organizaciones han reiterado sus denuncias sobre el aumento de ataques en la región. La Misión Civil de Observación, compuesta por 23 organizaciones de la sociedad civil y 11 representantes de medios de comunicación, ha documentado al menos 72 ataques con 226 agresiones contra defensores del territorio entre 2021 y 2024. Entre estos actos se incluyen hostigamiento, desapariciones forzadas, desplazamientos internos, detenciones arbitrarias, criminalización y homicidios. Los responsables de estos hechos han sido señalados como actores estatales, empresas privadas y grupos con intereses en el megaproyecto.
Ante esta situación, las ONGs firmantes exigen al Gobierno federal, estatal y municipal la implementación de medidas de protección para las comunidades en riesgo, el fin de la criminalización de los defensores indígenas, la identificación y sanción de los responsables de los ataques, así como la apertura de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto clave del Gobierno mexicano que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial en Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, su desarrollo ha sido objeto de fuertes críticas por sus implicaciones en los derechos de las comunidades indígenas de la zona.
