Los actores del ecosistema inmobiliario expresan preocupación ante la falta de certeza sobre cómo el gobierno capitalino utilizará la información que se les proporciona
La reforma al Artículo 132 del Código Fiscal de la CDMX ha generado incertidumbre en el sector inmobiliario. Con esta medida, el gobierno solicita que los propietarios de inmuebles habitacionales con valor catastral superior a 4.5 millones de pesos presenten un informe a la Secretaría de Finanzas sobre el estado de sus propiedades. La principal preocupación radica en el uso que se dará a esta información.
Según Fernando Rodríguez Bustamante, del Consejo de Inmobiliarios Profesionales del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), aunque la declaración es voluntaria, los contribuyentes deberán presentar su aceptación o rechazo del trámite cada año.
“Si no desean proporcionar la información, deben ingresar a la página de la Secretaría de Finanzas, localizar el formato y seleccionar la opción ‘Me niego a compartir la información’. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones”, explicó en entrevista.
El gobierno señala que esta medida solo afecta al 3% de las cuentas prediales registradas. Datos de la firma 4S Real Estate indican que en 2024 se vendieron 13,700 viviendas en la CDMX a través de crédito hipotecario, de las cuales 3,294 corresponden al segmento residencial plus, es decir, aquellas con un valor superior a 4 millones de pesos.
Bustamante aclara que, aunque no existe una legislación que atente directamente contra la propiedad privada, iniciativas como esta podrían ser intentos de limitar la autonomía sobre los bienes inmuebles.
La medida ha golpeado la confianza en el sector inmobiliario, que ya venía debilitado desde la pandemia en 2020, el periodo electoral de 2024 y las reformas y aranceles de 2025.
“El sector sigue en movimiento, pero hay más interés en la renta que en la compra. Las políticas actuales buscan frenar la gentrificación y los altos precios, pero han generado incertidumbre y desincentivado la inversión”, agregó Bustamante.
Desde el Congreso de la CDMX, el diputado Diego Garrido, del PAN, advirtió que la solicitud de datos podría vulnerar la privacidad de los propietarios y representar un riesgo de seguridad.
“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió construir 200,000 viviendas, pero no hay espacio suficiente. Esto genera dudas sobre la verdadera intención del partido en materia de propiedad privada”, declaró.
Además del temor por el uso de la información, Bustamante destacó inconsistencias en la regulación.
“La ley exige que los propietarios proporcionen datos sobre sus inmuebles, pero al mismo tiempo dice que la declaración es voluntaria. Es una contradicción que ni los expertos en derecho comprenden”, afirmó.
Por ello, el PAN ha propuesto eliminar el párrafo del Código Fiscal que obliga a los propietarios a informar sobre sus inmuebles, buscando así reducir la incertidumbre y proteger la inversión inmobiliaria en la CDMX.
