Por Fernanda Sánchez
La reciente reforma a la Guardia Nacional ha generado un intenso debate entre el gobierno y la oposición en México. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, propone cambios importantes en la estructura y operación de este cuerpo de seguridad civil, creado en 2019 como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
¿En qué consiste la reforma a la Guardia Nacional?
La reforma busca modificar 12 artículos de la Constitución, incluyendo los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129, con el propósito de transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio implicaría que la Guardia Nacional, originalmente concebida como un cuerpo civil, pase a estar bajo el control militar, redefiniéndose como una fuerza de seguridad pública con formación castrense.
Entre las propuestas más destacadas de la reforma están:
- Militarización de la Guardia Nacional: Se propone que la Guardia Nacional funcione bajo un esquema militar, adscrita a la Sedena.
- Investigación de delitos: La Guardia Nacional tendría facultades para coadyuvar en investigaciones bajo el mando del Ministerio Público.
- Participación del Ejército en seguridad pública: Se establece la participación permanente del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en labores de seguridad pública.
¿Por qué preocupa esta reforma?
La oposición y organizaciones como Intersecta, que promueve una agenda antimilitarista, han señalado varios riesgos. Uno de los principales es que, al integrar a la Guardia Nacional dentro de la estructura militar, se le otorga fuero militar, lo que significa que estaría sujeta a un régimen de justicia diferente, con tribunales militares fuera del control del Poder Judicial Federal.
Además, advierten que la reforma convertiría la participación militar en la seguridad pública, que actualmente es de carácter temporal y excepcional, en una norma permanente. Este cambio podría debilitar los pocos controles constitucionales existentes sobre la participación de las Fuerzas Armadas en estas funciones.
La postura de la oposición
Líderes opositores, como Rubén Moreira del PRI, han manifestado su rechazo a la reforma. Argumentan que esta medida “desmantelaría” a la Guardia Nacional al integrar más de la mitad de sus efectivos al Ejército. Además, critican que no se ha discutido públicamente ni se ha informado suficientemente sobre los alcances de la iniciativa.
Moreira también ha señalado la falta de un modelo de seguridad claro, especialmente considerando que los estados y municipios no tienen los recursos suficientes para implementar medidas efectivas por sí mismos. La oposición sostiene que es necesario esperar a que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presente su plan de seguridad antes de tomar decisiones tan trascendentales.
