Por: Renato Consuegra
Generalmente cuando se habla del rol del gobierno en la vida de las MiPyMEs, se generan propuestas demasiado generales y dependientes de políticas gubernamentales, sin tener en cuenta completamente las realidades y limitaciones del entorno, así como las capacidades y deseos de servir de los legisladores de quienes dependen las leyes y funcionarios públicos, quienes las ponen en práctica. Y sin dejar de lado el rol del gobierno que es clave, para mejorar, el microcosmos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas debe orientarse más hacia la pragmaticidad y a acciones concretas que puedan ser implementadas con rapidez y de manera sostenible.
Históricamente, las políticas públicas han tendido a concentrarse en soluciones inmediatas y superficiales, tales como créditos blandos, subsidios o programas de formalización. Si bien estas medidas pueden aliviar temporalmente las dificultades de las MiPyMEs, no abordan las causas estructurales de su estancamiento. Para que el gobierno realmente cumpla su rol de facilitador, debe crear un ecosistema de apoyo integral, no solo basado en ayudas directas, sino en un enfoque que involucre a diferentes actores económicos, sociales y educativos. Es decir, la clave radica en transformar al gobierno en el principal conector de recursos, ideas y capacidades.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son el corazón de la economía mexicana. Representan más del 99% de las empresas en el país y generan más de la mitad del empleo formal. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas de estas empresas luchan por sobrevivir en un entorno económico global desafiante, donde las barreras a la innovación, el acceso a financiamiento y la falta de capacitación se presentan como los mayores obstáculos. En este contexto, el papel del gobierno mexicano es crucial, pero debe ser redefinido: debe pasar de ser un actor secundario a convertirse en un verdadero facilitador de largo plazo, que empuje a las MiPyMEs hacia el crecimiento y la competitividad sostenible.
El gobierno debe empezar por simplificar y digitalizar los trámites burocráticos que ahogan a las MiPyMEs; y entre más lo haga, más se combatirá la corrupción. Aunque muchas veces se habla de la importancia de reducir la burocracia, aún son muchas las empresas que enfrentan un laberinto de permisos y regulaciones difíciles de navegar. La creación de una “ventanilla única digital” podría ser un primer paso para hacer más accesible la formalización de las MiPyMEs, pero, más allá de eso, el gobierno debe promover una mentalidad de eficiencia administrativa, con procesos más transparentes y ágiles. Esto permitiría que las pequeñas empresas no solo se registren más fácilmente, sino que también tengan una mejor capacidad de respuesta ante situaciones complejas.
Otro punto crucial es el acceso a financiamiento. Las MiPyMEs carecen de las garantías, la estructura o el historial crediticio necesario para acceder a préstamos en el sistema financiero tradicional. Los programas gubernamentales de crédito son insuficientes si no se acompañan de estrategias para mejorar la educación financiera y la capacidad de gestión empresarial. El gobierno no debe ser el único financiador, pero sí debe crear un entorno donde las MiPyMEs puedan acceder a recursos mediante alianzas con instituciones privadas y organismos internacionales. Además, las políticas públicas deben incentivar la creación de fondos de capital de riesgo y microcréditos que se adapten a las necesidades de las pequeñas empresas.
La capacitación es otra área crítica. Las MiPyMEs se enfrentan a un mundo cada vez más digital y globalizado, pero muchas veces carecen de las herramientas para adaptarse a estos cambios. El gobierno debe crear y promover programas de formación técnica y de liderazgo empresarial, enfocándose en habilidades clave como el uso de plataformas digitales, marketing en línea y la implementación de tecnologías emergentes. Sin embargo, no basta con ofrecer capacitación básica. Es necesario impulsar programas que conecten a los emprendedores con mentores y expertos en sus sectores, que les proporcionen estrategias específicas para enfrentar los retos de sus mercados.
En cuanto a la sostenibilidad y la innovación, el gobierno debe reconocer que las MiPyMEs pueden jugar un papel clave en la transición hacia una economía verde. Si bien muchos de estos negocios están enfocados en sectores tradicionales, el gobierno puede fomentar el uso de tecnologías limpias, la economía circular y las prácticas sostenibles mediante incentivos fiscales y programas de apoyo a la investigación y el desarrollo. El objetivo no es solo reducir los costos operativos, sino también posicionar a las MiPyMEs como actores relevantes en un mercado global que cada vez valora más la responsabilidad social y ambiental de las empresas.
Pero, ¿por qué todo esto debe ser responsabilidad del gobierno? Porque, a largo plazo, la estabilidad y el crecimiento de las MiPyMEs son fundamentales para el bienestar del país. Un sector empresarial fortalecido será más competitivo en mercados internacionales, generará más empleos de calidad y contribuirá a reducir las desigualdades económicas. Sin embargo, el gobierno no debe ser solo un “banco de apoyo”, sino un facilitador que construya las condiciones adecuadas para que las MiPyMEs puedan prosperar de manera independiente, sin dependencia crónica del subsidio público. En este sentido, el éxito de las MiPyMEs será el éxito del gobierno, que, a través de una estrategia bien planificada, se convertirá en el principal beneficiario de este impulso económico.
Para que esta visión sea posible, el gobierno debe también coordinarse con actores privados, universidades, ONGs y otras instituciones para crear un entorno que ofrezca más que solo apoyo financiero: colaboración, innovación y transferencia de conocimiento. En lugar de competir o simplemente administrar el apoyo, el gobierno debe actuar como un agente de conexión, buscando sinergias entre los diferentes sectores que puedan generar un impacto real y duradero.
El gobierno mexicano tiene una oportunidad única de reconfigurar su relación con las MiPyMEs, pasando de ser un mero proveedor de recursos a convertirse en el arquitecto de un sistema de apoyo eficiente y sostenible. Esta transformación no solo será beneficiosa para las pequeñas empresas, sino que también fortalecerá a México como nación. Si el gobierno actúa con visión y compromiso, podrá garantizar que las MiPyMEs no solo sobrevivan, sino que sean protagonistas de una nueva era económica.
De emprendimientos y más…
El regreso a las oficinas se consolida como una decisión estratégica para muchas empresas, que buscan equilibrar flexibilidad y colaboración presencial mediante modelos híbridos. Un estudio proyecta que para 2025, el 66% de las empresas hará que sus empleados asistan a la oficina al menos tres días a la semana. En México, además de esta tendencia, las normativas como la NOM-035-STPS-2018 influyen en la adecuación de los espacios para promover el bienestar laboral. Sin embargo, la incertidumbre económica y las restricciones presupuestarias dificultan la renovación de oficinas, lo que obliga a las empresas a optimizar costos sin sacrificar calidad. Factores políticos y económicos también están llevando a las organizaciones a evaluar el retorno a la oficina de manera más estratégica.
