En un incidente que ha conmocionado a México, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra un grupo de 33 migrantes que viajaban en dos camionetas en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas. El ataque, que dejó siete migrantes muertos y 12 heridos, ocurrió cuando los militares realizaban un reconocimiento en la zona y detectaron vehículos que se desplazaban a alta velocidad. De acuerdo con la Sedena, los militares escucharon detonaciones, lo que los llevó a disparar y detener una de las camionetas.
Los migrantes, procedentes de países como Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y Arabia, sufrieron graves consecuencias. Cuatro fallecieron en el lugar, mientras que dos más murieron en el hospital. Los 12 heridos fueron llevados a centros médicos cercanos para recibir atención, y los migrantes que sobrevivieron sin lesiones fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), quien se encargará de su situación migratoria. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también está en comunicación con las embajadas de los migrantes afectados.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido informada sobre el caso y ha comenzado una investigación para determinar lo sucedido. La Sedena ya ha separado de sus funciones a los dos soldados que dispararon sus armas durante el incidente, y la Fiscalía General de Justicia Militar está llevando a cabo una investigación paralela para determinar si hubo violaciones a las normas militares.
Este trágico incidente tuvo lugar el mismo día en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México. En su discurso, Sheinbaum afirmó que en el país no se violan los derechos humanos y que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no representa una militarización del Estado. Sin embargo, el ataque contra los migrantes pone en tela de juicio las declaraciones oficiales y resalta los riesgos de la creciente militarización de la seguridad pública en México.
Además, según el libro Permiso para Matar, los abusos y crímenes de las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en el país durante los últimos tres sexenios, con un crimen de Estado ocurriendo cada cinco días. Este estudio periodístico denuncia que, lejos de brindar mayor seguridad, las políticas de militarización han puesto a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad.
