Por Vannia Carmona
Las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 3,015 presuntos delincuentes en las últimas cinco semanas, como parte del nuevo plan de seguridad de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, este esfuerzo se ha visto opacado por una serie de episodios violentos en distintas partes del país que han dejado un saldo de decenas de muertos.
Durante la conferencia presidencial matutina, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que entre el 1 de octubre y el 8 de noviembre se arrestaron a miles de personas relacionadas con delitos de alto impacto. También se incautaron 1,334 armas y 42 toneladas de diversas drogas en diversas operaciones.
Este plan de seguridad, que Sheinbaum activó poco después de asumir el gobierno, busca reforzar las labores de investigación e inteligencia de las fuerzas de seguridad y sigue apoyándose en las Fuerzas Armadas para enfrentar a los poderosos cárteles, como ocurrió en el sexenio pasado bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La estrategia se basa en cuatro pilares: la atención a las causas de la violencia mediante programas sociales; la consolidación de la Guardia Nacional bajo control militar; la creación de un sistema nacional de inteligencia y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y el Ministerio Público.
Sin embargo, los esfuerzos de Sheinbaum se han visto golpeados por recientes actos violentos, entre ellos el asesinato de un alcalde y un alto mando de la Armada, la muerte de ocho migrantes en eventos en los que están implicados militares, un coche bomba en una instalación policial y tres ataques masivos en los estados de Guerrero, Querétaro y México, que dejaron 27 muertos.
Frente a las críticas por la escalada de violencia, Sheinbaum afirmó que los resultados no se verán “de un día para otro” y defendió su enfoque de combatir la impunidad y atender las causas subyacentes de la violencia.
También defendió una reciente reforma constitucional, presentada en el Congreso, para otorgar a la Secretaría de Seguridad federal mayores facultades de investigación e inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de la República. La propuesta, apoyada por la mayoría oficialista en el Congreso, dotaría a García Harfuch de poder para dirigir la estrategia nacional de seguridad.
A pesar de su respaldo, algunos especialistas han expresado preocupación sobre las nuevas funciones de la Secretaría, especialmente por la falta de mecanismos de control ciudadano y auditorías externas. El analista de seguridad David Saucedo sugirió que la efectividad de este fortalecimiento dependerá en gran medida del financiamiento disponible y advirtió sobre el riesgo de que la Secretaría se convierta en un “metapoder” sin suficiente “metacontrol”.
