En un movimiento contundente para proteger la soberanía mediática, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha propuesto una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impondría multas de hasta el 5% de los ingresos anuales a medios de comunicación que difundan propaganda política extranjera. Esto incluye tanto a concesionarios tradicionales como Televisa o TV Azteca, como a plataformas digitales y servicios de streaming.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de aplicar estas sanciones, devolviéndole atribuciones en materia de vigilancia sobre medios electrónicos. La reforma establece claramente que queda prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en los casos de promoción turística o cultural.
La medida se produce en medio de la controversia generada por la reciente campaña antiinmigrante del Gobierno estadounidense, difundida en medios mexicanos, lo que encendió alarmas en el Ejecutivo. El spot, protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional, advierte que los migrantes serán “cazados” y deportados, mensaje que ha sido transmitido tanto por Televisa como por emisoras de radio locales.
La reforma también contempla sanciones para plataformas digitales como YouTube o redes sociales que comercialicen espacios para este tipo de contenidos. Esta legislación, que será votada próximamente en el Senado, forma parte de un plan más amplio de transformación institucional que incluye la creación de la Agencia de Transformación Digital (ATD), dirigida por Pepe Merino. La ATD asumirá funciones del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), centralizando el control del espectro radioeléctrico en el Ejecutivo.
A pesar del endurecimiento regulatorio, el proyecto afirma respetar la libertad editorial y de expresión de los medios. Asimismo, se enfatiza la protección de los derechos de las audiencias mediante un nuevo marco supervisado por Profeco.
