México busca que los fabricantes de armas estadounidenses asuman responsabilidad por la violencia generada por el crimen organizado en su territorio. La demanda, que exige 10,000 millones de dólares en daños, acusa a las empresas de diseñar y comercializar armas que terminan en manos de cárteles. La Corte Suprema, sin embargo, mostró escepticismo, cuestionando la viabilidad legal del caso y las implicaciones para la relación bilateral.
El fallo podría sentar un precedente crucial para la lucha contra el tráfico de armas y la seguridad en la región, mientras grupos pro-armas defienden la inmunidad de los fabricantes bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
