México cae en el Índice de Percepción de la Corrupción y se ubica en el lugar 140 de 180 países

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México ha obtenido 26 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, ubicándose en la posición 140 de 180 países evaluados. Esto representa una caída de 14 lugares respecto a 2023, cuando alcanzó 31 puntos.

Expertos señalan que factores como la impunidad en casos emblemáticos—Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex—, la falta de sanciones efectivas y la contratación de empresas fantasma vinculadas al crimen organizado han contribuido a este declive.

En el panorama global, ningún país alcanzó la calificación perfecta de 100 puntos. Dinamarca lidera el ranking con 90 puntos, seguido de Finlandia (88) y Singapur (84). En el extremo opuesto, Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8) tienen las peores calificaciones.

Para México, el estudio consideró datos de 13 fuentes independientes recopiladas entre 2023 y 2024, lo que permite medir la tendencia de la corrupción más allá de casos aislados. La falta de sanciones es un factor clave: de las 3,350 posibles responsabilidades administrativas detectadas por los órganos de fiscalización entre 2017 y 2024, solo 281 (8.4%) concluyeron en sanciones.

Además, el informe señala que la corrupción no solo persiste en el ámbito federal, sino que se ha intensificado en los gobiernos estatales y municipales, donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse. Según el INEGI, en 2023, el 83% de los mexicanos consideró que la corrupción sigue siendo un problema “frecuente o muy frecuente”, y seis de cada diez personas fueron víctimas de corrupción o extorsión policial.

En el contexto internacional, México ocupa la última posición dentro de los países de la OCDE (38 de 38) y la penúltima dentro del G20, solo por encima de Rusia. En América Latina, supera a Guatemala (25/100), Paraguay (24/100) y Honduras (22/100), pero se encuentra por debajo de economías como Brasil (34/100) y Chile (63/100).

Los resultados del IPC 2024 refuerzan la exigencia de la sociedad mexicana: el combate a la corrupción debe ser una prioridad real y efectiva en todos los niveles de gobierno.