Por: Alejandra López Martínez
El acoso y el hostigamiento sexual son delitos fundamentados en relaciones de poder entre la víctima y el agresor. Los perpetradores suelen ejercer violencia sexual con la expectativa de impunidad: las víctimas, por temor, optan por el silencio; existen obstáculos probatorios debido a que estos delitos ocurren en la clandestinidad, sin testigos ni evidencias claras; y, lamentablemente, las mujeres a menudo enfrentan cuestionamientos sobre su conducta o vestimenta, insinuando una supuesta provocación.
Según Caroline Criado Pérez, las mujeres no denuncian el acoso sexual por diversas razones, muchas de ellas de índole social: estigma, vergüenza, miedo a ser culpabilizadas o a que no les crean. Esta realidad se refleja en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no contemplan la cifra negra de aquellos casos que no se denuncian.
De acuerdo con datos oficiales, la incidencia de delitos sexuales denunciados ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de 31,408 en 2015 a 82,732 en 2022. Específicamente, las denuncias por abuso sexual aumentaron de 11,980 en 2015 a 31,000 en 2022, mientras que las de acoso sexual pasaron de 1,109 a 13,114 en el mismo periodo.
Muchas mujeres hemos experimentado de cerca el acoso y el hostigamiento, y algunas lo han normalizado como “gajes del oficio”. Sin embargo, esto no es normal ni aceptable. El movimiento Me Too, iniciado por la activista afroamericana Tarana Burke, nació para formar un círculo de confianza entre mujeres racializadas en el Bronx, Nueva York, que ni siquiera reconocían ciertas conductas como abuso. Creían que lo suyo eran casos aislados, pero al compartir sus experiencias, descubrieron que era una realidad común. El movimiento cobró fuerza en redes sociales con Alyssa Milano en 2017, cuando numerosas actrices de Hollywood y mujeres de todo el mundo se sumaron al hashtag.
Actualmente, somos testigos de la negligencia del poder. El diputado Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y exfutbolista, fue acusado por su media hermana de intento de violación. Para llevarlo ante la justicia, es necesario desaforarlo, pero la bancada de Morena no lo ha permitido. Varias diputadas de Morena y de los partidos de oposición se han unido para exigir que se le enjuicie y se haga justicia a la víctima, pues esto va más allá de los colores: es combatir el pacto patriarcal. Sin embargo, aún es incierto si optarán por protegerlo o si lo someterán a juicio, y si este proceso se llevará a cabo de manera adecuada, sin ser desechado por tecnicismos o una integración deficiente de la carpeta de investigación.
