Por Adalai Ojeda
La medición de la pobreza en México no solo es un proceso técnico y académico, sino también un terreno fértil para intereses políticos. Los gobiernos tienen incentivos para manipular las estadísticas o citar aquellas que más les favorezcan, como sucedió durante el sexenio de Peña Nieto, cuando cambios en la encuesta del INEGI (ENIGH) afectaron la comparabilidad de los datos. Algo similar se ha repetido en el 6to Informe de Gobierno de López Obrador.
Durante el XXII Seminario Nacional de Política Social, celebrado en el Colegio de la Frontera Norte, más de 40 investigadores discutieron los avances y retrocesos de la política social en México, centrándose en temas como la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, el debate sobre la medición de la pobreza fue más allá de los datos presentados, destacando cómo estos indicadores se convierten en herramientas políticas. AMLO, por ejemplo, citó cifras del Banco Mundial que indicaban una baja en la pobreza durante su gobierno, sin entrar en detalle sobre los datos más conservadores de CONEVAL.
El uso de diferentes metodologías para medir la pobreza, como la medición multidimensional del CONEVAL frente a la basada en ingresos del Banco Mundial, muestra cómo los gobiernos pueden seleccionar los datos que más les convienen. Mientras que la pobreza moderada ha disminuido en los últimos años, la pobreza extrema sigue afectando a millones de mexicanos, un tema que parece haberse omitido en los discursos oficiales.
La posible desaparición del CONEVAL, propuesta por el actual gobierno, despierta preocupación sobre la autonomía y transparencia en las mediciones futuras. En un contexto donde las cifras de pobreza son cruciales para la toma de decisiones, es fundamental que las mediciones se mantengan independientes de los intereses políticos.
