Por: Alejandra López Martínez
El pasado domingo arrancaron las campañas federales para el Poder Judicial. Más de tres mil candidatas y candidatos a ministras, ministros, magistraturas y judicaturas federales se volcaron a las redes sociales en un esfuerzo por acercar la justicia al pueblo.
En las elecciones del 1 de junio de 2025, estarán en juego 881 cargos judiciales, con un tope de gastos de campaña que oscila entre 220 mil y casi un millón y medio de pesos. Sin financiamiento público ni la posibilidad de contratar espacios en medios de comunicación, realizar eventos masivos o pautar publicidad, la contienda dependerá casi por completo del alcance digital. En este escenario, las redes sociales se han convertido en la principal —y prácticamente única— herramienta de difusión, haciendo de la viralidad una estrategia clave.
Ya hemos visto a candidatos apelando al humor y la creatividad, como el “más preparado que un chicharrón” o “Dora la transformadora”, inundando los algoritmos con contenido llamativo. Sin embargo, aún es incierto cómo evolucionará el comportamiento de las redes en estos dos meses de campaña y de qué manera se transformará nuestra “For You Page” en TikTok.
Las y los aspirantes deberán moverse con precisión en este nuevo esquema electoral, pues las restricciones son claras y cualquier irregularidad podría dejarlos fuera de la contienda o, en casos más graves, derivar en la anulación de elecciones antes de la toma de protesta en septiembre. Como juristas, cuyo trabajo es interpretar y hacer cumplir la ley, sería lo mínimo esperable.
Este proceso representa un desafío tanto para las instituciones y autoridades como para las candidaturas y sus asesores políticos, quienes deben adaptarse a un entorno inédito. La clave estará en encontrar el diferenciador para cada aspirante, en un gremio donde los abogados suelen homogenizarse en vestimenta, formación e incluso estilo discursivo. Nos esperan tiempos interesantes.
