Con esta medida, se busca evitar que los aumentos en los alquileres superen el índice inflacionario, protegiendo así a los arrendatarios de incrementos desmedidos en los costos de vivienda. Esta legislación tiene como objetivo asegurar un equilibrio más justo entre los propietarios e inquilinos, promoviendo una mayor estabilidad en el mercado de alquileres.
Con 50 votos a favor, se ha aprobado un nuevo límite para los aumentos de las rentas en la Ciudad de México. Esta medida establece un tope basado en la inflación reportada por el Banco de México, con el fin de proteger a los arrendatarios y regular el mercado inmobiliario.
Nuevas disposiciones para regular el mercado de arrendamiento han sido implementadas. Estas medidas buscan establecer un marco más equitativo y estable para los alquileres, abordando las preocupaciones sobre aumentos desproporcionados y protegiendo a los arrendatarios.
Una de las propuestas clave de la reforma es la creación de una política pública para la construcción de viviendas en alquiler. El objetivo es incrementar la disponibilidad de viviendas accesibles para ciudadanos con menores ingresos.
Alejandra Valencia subrayó que esta política permitirá al gobierno de la Ciudad de México garantizar la producción de viviendas asequibles, una necesidad crítica desde los sismos de 2017, que provocaron el desplazamiento de muchos residentes de la capital.
El debate sobre la reforma también generó críticas por parte de la oposición, que argumentó que el documento carece de rigor técnico y presenta problemas conceptuales. Se señaló que, aunque la reforma es positiva, actúa solo como un paliativo y no aborda de manera integral los problemas fundamentales de la vivienda en la ciudad.
Por su parte, Alejandra Valencia defendió la reforma, afirmando que representa un avance crucial en la protección de los derechos de los inquilinos y que su implementación contribuirá a mitigar los efectos de la gentrificación.
