Grupo Salinas cuestionó la manera en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revocación del amparo otorgado por un juez federal al empresario Ricardo Salinas Pliego.
El conflicto se remonta al 4 de julio de 2022, cuando el juez federal décimo sexto administrativo en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió un amparo a Salinas Pliego frente a la intención de la UIF de acceder a sus registros financieros. La UIF defiende que su intervención responde a su mandato de proteger el sistema financiero y la economía nacional, sin embargo, el juez determinó que la información recabada por la UIF no puede utilizarse en procedimientos legales.
El 9 de marzo de 2023, la UIF solicitó la revisión del amparo y la Segunda Sala de la SCJN aceptó analizar el caso. En su argumentación, la UIF advirtió que validar el amparo sentaría un “funesto precedente” al otorgar a un individuo la posibilidad de eludir la aplicación de leyes contra el lavado de dinero.
En respuesta, Grupo Salinas emitió un comunicado el 14 de marzo, en el que acusa a la UIF de actuar de manera “facciosa” y de utilizar los recursos del Estado para perseguir críticos del gobierno. Asimismo, calificó la postura del organismo como un intento de “someter” a jueces y magistrados que no favorecen su interpretación legal.
El grupo empresarial también señaló que las acciones de la UIF son “ilegales e inconstitucionales”, reiterando que la Constitución y la ley deben cumplirse por todos, incluyendo a las autoridades gubernamentales.
