Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, presentó una apelación formal contra su condena de 38 años de prisión, impuesta en una Corte de Nueva York. Este proceso se lleva a cabo luego de que fuera declarado culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico y de haber mentido a un agente migratorio. La apelación, fechada el 18 de octubre, fue revelada el miércoles, y su contenido ha reabierto el interés en uno de los casos de corrupción y narcotráfico más relevantes de la última década en México y EE.UU.
García Luna, arrestado en Dallas en diciembre de 2019 por agentes de la DEA, enfrenta cargos de colaboración con el Cártel de Sinaloa, organización con la que, según las autoridades estadounidenses, mantenía una relación estrecha mientras estaba al frente de la seguridad en México. La sentencia de 38 años de prisión incluye además una multa de dos millones de dólares, castigo que sus abogados buscan revertir a través de esta apelación.
En febrero de 2023, el exfuncionario fue encontrado culpable por un jurado en Nueva York, lo que significó un fuerte golpe al sistema de justicia mexicano, pues García Luna se encargó de combatir el crimen organizado durante la administración de Calderón. De acuerdo con el fallo, su colaboración con el Cártel de Sinaloa habría facilitado el tráfico de drogas a gran escala hacia los Estados Unidos, lo cual fue crucial para la operación de esta organización criminal.
La defensa del exsecretario argumenta que la condena es injusta y que el juicio presentó irregularidades que afectaron el veredicto. Sin embargo, expertos en derecho penal han indicado que, aunque es posible que el fallo sea revisado, la sentencia podría mantenerse debido a la contundencia de las pruebas presentadas. La apelación se convierte así en un nuevo capítulo de un caso que ha puesto en el ojo público la posible infiltración del crimen organizado en las más altas esferas de poder en México.
Este intento de revertir la condena, según algunos especialistas, podría prolongarse durante años debido a la complejidad del proceso judicial en Estados Unidos y a la gravedad de los cargos imputados.
