El Comando Norte de Estados Unidos reconoció haber incrementado los vuelos de reconocimiento en territorio mexicano para recabar información sobre los cárteles, sin contar con la autorización del gobierno de México. Según declaraciones del general Gregory M. Guillot ante el Comité de Servicios Armados del Senado, dichas operaciones se realizan bajo el aval del Departamento de Defensa de EE.UU., aunque la información recabada es compartida con las autoridades mexicanas.
“Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la inmigración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones”, declaró Guillot.
El general también enfatizó que la crisis del fentanilo es una “preocupación significativa” para su comando, lo que ha llevado a desplegar aproximadamente 5,000 elementos en la frontera con México, con previsión de aumentar esta cifra en los próximos meses.
Legalidad y Espionaje
La legislación mexicana penaliza el espionaje de gobiernos extranjeros en el país. El Código Penal Federal, en su Capítulo II del Título Primero, establece sanciones de hasta 40 años de prisión para extranjeros que, en tiempos de paz o guerra, colaboren con entidades extranjeras para alterar la paz interior o facilitar una posible invasión.
El artículo 127 del mismo código estipula que se impondrán penas de cinco a veinte años de prisión y multas de hasta 50,000 pesos a quienes proporcionen información sin autorización a gobiernos extranjeros. Además, el artículo 129 castiga con hasta cinco años de prisión a quienes conozcan la identidad de espías y no lo denuncien.
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional considera el espionaje extranjero como una amenaza a la seguridad del país cuando ocurre dentro del territorio nacional.
