Por Sofia Swindall
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, formalizó la entrega de 40 inmuebles a distintas dependencias estatales, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dándoles la posesión legal de espacios que permanecían irregulares desde hace décadas. Esta medida busca dar certeza jurídica tanto a las instituciones como al personal que labora en ellas.
Durante la ceremonia, acompañaron a la mandataria las titulares de la Oficialía Mayor, Trinidad Franco Arpero, y de la Consejería Jurídica, Jesús George Zamora, junto a representantes de las dependencias que ahora cuentan con un respaldo legal sobre los inmuebles en cuestión.
Certidumbre jurídica para dependencias del Edomex
Los inmuebles entregados estaban en condiciones irregulares en algunos casos hasta por 40 años. En total, 34 propiedades fueron asignadas a la FGJEM, donde se ubican oficinas de Ministerios Públicos, Subprocuradurías, centros de refugio para mujeres, casas de arraigo, y espacios periciales, entre otros. También se entregaron dos inmuebles al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), uno para el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios, y tres para la Sedena.
Demanda de oficinas dignas para dependencias del Edomex
La gobernadora Delfina Gómez subrayó que la entrega responde a la demanda de oficinas dignas y centros de atención por parte de las instituciones, lo cual permitirá a las dependencias ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Gómez destacó que este proceso es una primera etapa en la regularización de propiedades gubernamentales, como parte de un diagnóstico que busca identificar y dar certeza jurídica a otros espacios, incluidos centros educativos y otros inmuebles en beneficio de la ciudadanía.
Coordinación para un proceso legal y seguro en el Edomex
Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor, explicó que se ha iniciado un análisis detallado para regularizar otros inmuebles propiedad del gobierno del estado. Este proceso de desincorporación formal se llevará a cabo con la 62 Legislatura local, para asegurar que todos los espacios públicos cumplan con los requisitos legales. Con esta acción, se pretende garantizar no solo la seguridad jurídica de las instituciones, sino también de sus trabajadores, al reducir el riesgo de desalojo en sus lugares de trabajo.
