El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACh), advierte que las acciones tomadas por Rectoría ponen en riesgo no sólo el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, sino la estructura y función social de la UACh.
El STAUACh reitera su denuncia de que la opacidad en el manejo de los recursos presupuestales en la presente administración ha sido una constante, y no se justifica la contratación de casi 200 empleados de confianza que no tienen una adscripción, ni funciones definidas
Esa situación, alertó el Sindicato de Trabajadores Académicos, contribuye al escandaloso déficit de más de 400 millones de pesos existente en el capítulo 1000 que pone en riesgo la estructura financiera de la UACh, a pesar de que el número de trabajadores de base es el mismo, los sueldos no han aumentado y las condiciones de trabajo no han mejorado.

La huelga, precisa el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACh, es un movimiento que cobró relevancia por la participación del 96% de los agremiados, que refrendaron su convicción de defender nuestros derechos laborales, pero también defender a la UACh de la corrupción imperante actualmente.
El pasado lunes 24 de marzo, se votó mayoritariamente por continuar la huelga hasta lograr el cumplimiento de nuestras demandas.
- Respeto irrestricto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo
- Que se detenga ya la campaña de hostigamiento y persecución a los académicos y a cualquier miembro de la comunidad universitaria, misma que se impulsó por esta administración a través de las sanciones impuestas a los académicos con procedimientos ilegales violando nuestro contrato colectivo de trabajo y la Constitución.
- Que se sienten a negociar con seriedad y con verdadero interés en atender las demandas justas que como sindicato hemos presentado (cláusulas 95, 100, 107 y 130), y con las que sólo buscamos condiciones iguales a las de otros sindicatos universitarios.

El STAUACh considera que sería muy saludable para el país poner orden en el rubro de Educación, con una supervisión continua del ejercicio presupuestal de las universidades públicas que garantice un gasto justo, transparente, aplicado y orientado correctamente al cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas y lleven a cabo de manera ordenada su función social.