El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes la expulsión de 17 inmigrantes a El Salvador, acusándolos de pertenecer a pandillas sin presentar pruebas concretas. La medida se da mientras la Administración republicana enfrenta una batalla legal tras el bloqueo judicial a las deportaciones aceleradas bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la operación como una acción antiterrorista en colaboración con El Salvador, señalando que los deportados incluyen miembros de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13. Sin embargo, no se han ofrecido pruebas de estas acusaciones. Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respaldó las declaraciones de Rubio, asegurando que entre los deportados hay seis presuntos violadores de menores.
Este nuevo grupo de expulsados se suma a las recientes deportaciones de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, enviados a la prisión de alta seguridad CECOT en El Salvador. Familiares de los deportados han denunciado que muchos de ellos no tienen vínculos con organizaciones criminales, como en el caso de un futbolista venezolano, quien fue trasladado tras ser señalado por un tatuaje del Real Madrid.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 y diseñada para situaciones de guerra o invasiones armadas, ha sido utilizada por la Administración Trump para justificar estas deportaciones. No obstante, varios jueces han cuestionado su aplicación en este contexto, señalando que se está utilizando fuera de su propósito original y violando el debido proceso legal.
Un juez federal bloqueó recientemente el uso de esta ley para expulsiones aceleradas, argumentando que los afectados tienen derecho a defenderse en un tribunal. En respuesta, la Administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema que levante la restricción y le permita continuar con su estrategia migratoria.
Mientras el debate legal continúa, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre las condiciones en la megacárcel salvadoreña, donde los deportados podrían enfrentar malos tratos e incluso la muerte, según advertencias de expertos y jueces. A pesar de las crecientes críticas, el Gobierno de Trump ha mantenido su postura y se ha negado a ofrecer más detalles sobre los casos específicos de los expulsados.
